Estudian "acciones legales e incluso penales" si el Gobierno de Cantabria continúa con la caza de lobos
PACMA solicita una reunión a la presidenta regional para "una rectificación inmediata" y buscar "soluciones éticas y sostenibles"
El Partido Animalista PACMA está estudiando "todo tipo de acciones legales, incluidas penales", contra el Gobierno de Cantabria si continúa con la "caza" de lobos iniciada en base a la resolución autonómica en la que se autoriza la extracción de 41 ejemplares.
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El presidente de PACMA, Javier Luna, lo ha anunciado en un comunicado en el que ha advertido que "cualquier actuación que suponga abatir lobos en ausencia de estudios científicos y censos oficiales, evaluaciones de impacto ambiental y sin agotar antes todas las medidas preventivas, podría incurrir en ilegalidad".
"Estamos ante un intento coordinado de exterminar al lobo en la península ibérica, empezando por Cantabria", ha considerado Luna, que ha lamentado que el Gobierno regional haya celebrado la salida del lobo del LESPRE como una "victoria" y "priorizando las presiones de los sectores cinegético y ganadero frente a la protección del patrimonio natural" de la región.
La formación política animalista ha indicado en varias ocasiones que, bajo su consideración, dicha salida del LESPRE "es irregular" al tratarse de una competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y no del Congreso, y ha solicitado la intervención gubernamental por invasión de competencias.
Ante esta situación, el líder del partido extraparlamentario ha solicitado una reunión "urgente" con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, para pedir "una rectificación inmediata" y plantear "soluciones éticas y sostenibles al conflicto con la ganadería extensiva".
Esas soluciones pasarían por "la implantación de medidas preventivas reales y el seguimiento científico riguroso de la especie", ha avanzado. "El lobo no es el enemigo del mundo rural, sino un elemento clave para la salud de los ecosistemas. Su persecución indiscriminada no solo es injusta, sino que supone un grave retroceso ecológico y legal que no vamos a tolerar", ha concluido Luna.
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