El traslado de presos a Zaballa se completará antes de fin de año

Gasteiz. La cárcel de Zaballa abrió ayer de nuevo sus puertas para celebrar su segunda inauguración en lo que va de verano, esta vez con el mobiliario dispuesto y la asistencia de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo; el presidente de la Siep, Ángel Martínez Sanjuán; el delegado del Gobierno en Euskadi, Mikel Cabiezes; el consejero de Interior, Rodolfo Ares; la portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia, y el diputado general alavés, Javier de Andrés.

Tal y como señaló Gallizo tras recorrer las instalaciones, los primeros reclusos llegarán al centro antes de que concluya el año. Antes, los responsables del nuevo penal efectuarán las necesarias comprobaciones de seguridad y formarán a los funcionarios en las labores que habrán de desempeñar. El traslado será progresivo, aunque la directora precisó que, dada la corta distancia que separa la vieja prisión de la nueva, el proceso será rápido.

'plante' del PNV El grupo del PNV en el Parlamento Vasco no acudió a la inauguración, pero ha pedido que la Comisión de Derechos Humanos realice una visita institucional para conocer las nuevas instalaciones. Según los jeltzales, este plante responde a "la forma de actuar" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los nacionalistas alegaron que no comparten la forma en que el Ejecutivo ha gestionado la construcción de la prisión. Por otra parte, el PNV indicó que está preocupado por el hecho de que todavía se desconozca el destino del centro penitenciario de Nanclares. Su representación en las Juntas Generales de Araba ha solicitado que Instituciones Penitenciarias ceda las instalaciones al Ayuntamiento de Nanclares de la Oca. Una propuesta similar va a ser presentada en el Parlamento Vasco. Además, el PNV reiteró que el actual modelo penitenciario español le genera "serias dudas".

Por su parte, el sindicato ELA-Prisiones denunció que la nueva cárcel "respondiendo a oscuros intereses" se abre con el 50% del personal necesario para su normal funcionamiento. Además, subrayó que la prisión de Nanclares sigue en pie y "sin voluntad de derribo" y que "la sociedad vasca, y en especial la alavesa, no debe soportar la coexistencia de la dos prisiones". "Nanclares, una vez cometido el error de construir la macrocárcel, tiene que ser derribada inmediatamente y los terrenos que ocupa deben ser gestionados por el ayuntamiento de Iruña de Oca", sostuvieron. Según indicó ELA, las 876 celdas albergarán en poco tiempo más de 1.500 presos y el diseño de estas instalaciones "responde a un modelo fracasado que tiene su justificación en intereses exclusivamente economicistas".