Presupuestos del Estado

El PSOE elimina la disposición que permitía reinvertir el superávit

Suprime en los Presupuestos del Estado la normativa que facultaba a las CCAA a acometer inversiones sostenibles

07.02.2020 | 22:52
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el exministro Montoro.

Suprime la normativa que facultaba a las CCAA a acometer inversiones sostenibles

Pamplona - El Gobierno de Pedro Sánchez ha eliminado en el proyecto de presupuestos para 2019 la disposición adicional 116, que permitía a las comunidades autónomas destinar el superávit de los ejercicios anteriores a inversiones financieramente sostenibles. El Ejecutivo socialista endurece así la normativa de estabilidad presupuestaria y la mantiene en los criterios más ortodoxos fijados por el Gobierno de Rajoy en 2012, lo que dificulta que Navarra pueda invertir la parte del superávit acumulado en los últimos años.

No obstante, el proyecto de presupuestos todavía podría sufrir modificaciones durante el trámite legislativo, en el que el PSOE todavía no tiene asegurada la mayoría. El Ministerio de Hacienda también podría autorizar a Navarra a acometer las inversiones durante este 2019 si realiza una interpretación no tan restrictiva de las políticas de austeridad presupuestaria. Aunque, vista la firmeza con la que se ha comportado el departamento de María Jesús Montero los últimos meses, no es muy probable que ocurra.

De momento, el proyecto de presupuestos de 2019 se limita a recoger una disposición adicional sobre el superávit, pero exclusiva para los ayuntamientos. Se les permite así destinar a inversiones sostenibles el saldo positivo del ejercicio anterior, aunque se mantiene la exigencia de que una parte del mismo se destine previamente a la amortización de deuda pública.

Se suprime en cambio la referencia a las comunidades autónomas que venía recogida en la disposición adicional 116 de los presupuestos generales del Estado para 2018, y que fue introducida hace justo un año por el PP fruto de una negociación con Coalición Canaria, que reclamaba mayor margen de financiación para el Gobierno insular. El acuerdo recogía que "durante 2018 se eximirá de la aplicación del superávit presupuestario en los términos que define la ley de Estabilidad Presupuestaria a las comunidades que cumplan con las reglas de estabilidad presupuestaria". "En el caso de incumplimiento de la regla de gasto -matizaba el texto-, la aplicación de esta disposición precisará de autorización por parte de la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos".

El documento permitía que los Ejecutivos autonómicos que tuvieran las cuentas en orden pudieran acometer inversiones adicionales, siempre y cuando estas fueran "financieramente sostenibles", y que no implicaran un gasto de mantenimiento adicional una vez finalizadas. Se flexibilizaba ligeramente así la ortodoxia de la austeridad presupuestaria con la que el Gobierno central ha venido controlando a las comunidades autónomas para que reduzcan el gasto, primero, y después prioricen el pago de la deuda en el momento en el que se empiecen a recuperar los ingresos.

Este fue el escenario que se encontró Navarra el pasado año, cuando trató de destinar a inversiones financieramente sostenibles el superávit de 2017. Unos ingresos adicionales como consecuencia de la actualización del Convenio Económico. Un acuerdo por el que el Estado devolvía a Navarra el dinero que había venido cobrando de más en los años anteriores, y que habían estado limitando la capacidad de gasto del Gobierno foral.

El PSOE, Inflexible Navarra sin embargo se encontró con la firmeza del Ministerio de Hacienda, tan ortodoxo con la austeridad como lo había sido durante la etapa de Cristóbal Montoro. Y eso que la nueva ministra, exconsejera de Economía en la Junta de Andalucía, había sido una de las más críticas con la interpretación restrictiva que el Gobierno del PP venía haciendo de la estabilidad presupuestaria y, en especial, de la regla de gasto.

Finalmente, de los 113 millones que el Gobierno de Navarra con el apoyo de la mayoría parlamentaria del cuatripartito pretendía destinar a inversiones, el Estado solo autorizó 35,5 millones. La mayoría para Plan de Infraestructuras Locales (25,7 millones) y el resto, para el Plan Director de Banda Ancha (9,8 millones). Casualidad o no, los ayuntamientos, incluidos los que gestionan los socialistas, recibían la financiación adicional, pero no así el Gobierno de Navarra, que veía frustrados proyectos importantes que hubiera podido poner en marcha en periodo preelectoral.

el nuevo escenario Sobre la mesa quedaron así varios proyectos por 77,8 millones que el Gobierno de Navarra pretendía ejecutar a lo largo de este año. "No renunciamos a nada", apuntó el consejero Mikel Aranburu tras informar de que el Ministerio solo autorizaba una cuarta parte del gasto. La voluntad era retomar las inversiones pendientes a lo largo de este año, una vez cerrado el ejercicio de 2018, en el que las previsiones apuntaban nuevamente a un equilibrio de las cuentas públicas. Lo que hubiera dejado sin argumentos al Estado en caso de cumplimiento de la regla de gasto.

Sin embargo, suprimida la disposición transitoria, el escenario se mantiene en la rígida ortodoxia fiscal. Pese a las promesas del Ejecutivo socialista, que tras llegar a la Moncloa anuncio una reforma de la Ley de Estabilidad para flexibilizar los criterios de austeridad presupuestaria, sobre todo en lo relativo a la regla de gasto y el déficit fiscal, el Ministerio mantiene los mismos criterios que en la etapa del PP, priorizando la amortización de la deuda pública frente a unas inversiones que, en un momento de ralentización del PIB, podrían servir para reactivar una economía que muestra síntomas de debilidad.