El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha solicitado a Fiscalía que informe si procede admitir a trámite la querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia contra el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la que pide investigarle por el crimen del empresario Luis Hergueta en 1980.
Según informan a EFE fuentes jurídicas, el magistrado ha incoado diligencias previas y se ha dirigido al ministerio público para que emita un informe sobre si debe o no admitir a trámite la querella y, en su caso, las diligencias a practicar.
La querella, presentada por un delito de asesinato terrorista y que también se dirige contra José Aulestia, ha recaído en el juzgado central de instrucción número 1, donde ya se investigó este atentado contra el directivo de la empresa Safen-Michelín en la localidad de Vitoria, uno de los casos sin resolver de la banda terrorista.
Herguera fue abordado en plena calle
Dignidad y Justicia relata en su querella que la mañana del 25 de junio de 1980, Luis Hergueta fue asesinado de dos disparos en la cabeza por uno de los "tres hombres jóvenes sin identificar" que le abordaron mientras caminaba por la calle Dato de Vitoria.
Indica que Otegi era desde 1979 "miembro del Estado Mayor de Intervención" de ETA, "órgano que cumplía las funciones del aparato militar y encargado de las acciones terroristas", siguiendo las órdenes del Comité Ejecutivo, y que su "responsable" era José Aliesta.
La querella señala que Otegi ejercía funciones de "lugarteniente" de Aliesta y menciona que "la información relativa" a Hergueta que "se consiguió" en el secuestro al director de la fábrica Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, en 1979, por el que fue condenado diez años después Otegi, "habría sido transmitida" a Aliesta.
Esta información fue "válida y eficaz" para ordenar el asesinato de Hergueta, según la querella, que pide investigar a Otegi y Aliesta por un delito de asesinato terrorista.
En 2020 la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias de investigación en torno a este asesinato, que fueron archivadas el pasado mes de febrero al no poder "determinar personas concretas que participaran" en el mismo y que, además, los hechos "estarían prescritos".
