EL Consejo General del Poder Judicial actualizó ayer las cifras de rebajas de condena y excarcelaciones desde la entrada en vigor de la conocida como ley del solo sí es sí. En el conjunto del Estado son, a fecha de 1 de septiembre, 1.205 reducciones de pena y 121 delincuentes sexuales puestos en la calle antes de tiempo. Por lo que nos toca más de cerca, en la demarcación autonómica ha habido 67 rebajas y 10 en la foral. Las decisiones se han tomado en tribunales de todos los niveles, desde el Supremo a las audiencias provinciales, pasando por los superiores de las distintas comunidades.
Me consta que hay quien reprueba contundentemente la difusión de estos datos, alegando, ahí es nada, que provocan alarma social o, directamente, que son falsos, que es lo que llegaron a sostener las tres dirigentes principales del Ministerio español de Igualdad, ahora en funciones. Claro que también mantuvieron contra viento y marea que la ley era impecable y acusaron de machista y facha a cualquiera que dijera otra cosa. Pues miren por dónde que el pasado sábado descubrimos –en mi caso, con pasmo– que no estaban diciendo la verdad. En el mismo acto de Podemos en que se reclamó al PSOE la continuidad de Irene Montero en su puesto, ella misma acabó cantando la gallina. Según bramó Montero, el texto legal que ha beneficiado sin quererlo a más de 1.200 depredadores sexuales sí tenía un “error garrafal”. Esa expresión exacta empleó la todavía titular de Igualdad, que, en un tono de vendetta indisimulable, acusó del fallo al Ministerio de Justicia, gestionado por el PSOE. Dice que callaron porque no son como ellos. Tremendo.
