El pleno del CGPJ “insta al Congreso y al Senado, a no citar a jueces y magistrados para declarar sobre hechos conocidos en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional y si fueran citados a una comisión de investigación, la comisión permanente denegará la autorización para que comparezcan”. Literal y por unanimidad instan a electos por el pueblo, y para finalizar con un castizo: “Déjennos tranquilos” El órgano máximo de la Justicia en España lleva caducado cinco años, pero percibiendo sus emolumentos, por lo que es de deducir cuál será el abandono en los juzgados y las consecuencias sobre los intereses que se dilucidan, lo cual parece que no tiene trascendencia ni para los componentes del órgano rebelde bloqueado, ni para el gobierno, pero sí para quienes están pendiente de sentencia relacionados con la justicia. Las partes concernidas han hecho un casus belli para dilucidar sus enfrentamientos políticos que es lo que les da argumento para la casta que no cesa de proclamar su respeto a la Constitución, pero que incumple sin consecuencias. Si, porque prestigia ser nombrado miembro del CGPJ y servir a los intereses de su amo y que el gobierno se limite a declaraciones apocalípticas, pero que no se atreva a aplicar la ley y no se deriven consecuencias penales ni reglamentarias para corregir estos abusos y se permitan exigir respeto a los diputados elegidos por los ciudadanos. Además, que no incurran en responsabilidad. Estas evidencias deberían servir para evaluar realmente la calidad de la democracia del estado de derecho que les llena la boca a los que precisamente son los que la degradan.
