El malestar social ante la caótica movilización parcial y las crecientes protestas en Rusia obligaron al Kremlin a admitir errores y a plantearse el cierre de sus fronteras para impedir la huida masiva de hombres en edad militar. Tras las manifestaciones del miércoles y el fin de semana, Rusia continuaba ayer expresando su descontento con intensas protestas en Majachkalá y Nálchik, capitales de las repúblicas rusas de Daguestán y Kabardino-Balkaria, que fueron reprimidas por la policía, que usó porras y gas lacrimógeno.

El llamamiento indiscriminado a las filas de personas sin experiencia militar, con problemas de salud, con familias numerosas o con edades mayores a las establecidas ha atizado la indignación popular. Tras el anuncio de la movilización parcial, cientos de miles de personas han protagonizado protestas en las que han sido detenidos más 2.300 manifestantes, según OVD-Info, una organización que hace seguimientos de arrestos en Rusia.

El rechazo ciudadano se torna violento: el jefe de la oficina de reclutamiento de la ciudad de Ust-Ilimsk, en el extremo oriente de Rusia, fue herido ayer de un disparo, según informó el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kóbzev. Además, una decena de oficinas de alistamiento han sido atacadas en los últimos días, muchas de ellas con cócteles mólotov, y se han producido ataques contra edificios de la administración local y sedes del partido del Kremlin, Rusia Unida.

Denuncias de los afines

El malestar por la movilización es tal que representantes de la propaganda rusa como la directora del canal RT, Margarita Simonián, y el presentador Vladímir Soloviov han tomado cartas en el asunto. “Estudiaremos cada caso. Vamos a verificar todo y buscar el castigo de los saboteadores” de los comités militares que no cumplen estrictamente con los criterios de la movilización, advirtió Simonián, al señalar que la cadena ha recibido más de 700 quejas de personas erróneamente convocadas. Soloviov, por su parte, creó un servicio para denunciar casos de movilización irregular.

El jefe del Consejo de Derechos Humanos de la Presidencia rusa, Valeri Fadéyev, instó a “cumplir estrictamente las normas de la movilización y no permitir situaciones que socaven la confianza del pueblo”.

El presidente de la Duma rusa, Viacheslav Volodin, criticó a los funcionarios que alistan sin filtro a ciudadanos incluso si nunca han llevado armas o están enfermos, “porque la capacidad combativa de nuestras tropas depende de su efectividad”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reconoció el caos y señaló que las autoridades locales trabajan para subsanar “los errores”.

Zelenski habla de genocidio

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por su parte, acusó ayer lunes a Rusia de genocida. “Rusia utiliza la movilización criminal para exterminar a los hombres, representantes de los pueblos indígenas” de Crimea, dijo. Según señaló, el grueso de las cartas de movilización en la península anexionada por Rusia en 2014 se entregan a la minoría tártara. “Esta es una política imperial deliberada. Es un golpe para los pueblos de, por ejemplo, Daguestán y todo el Cáucaso (Norte), para los pueblos indígenas de Siberia y otros territorios”, afirmó.

El mando militar ucraniano informó que Rusia prohibió la entrada y salida de adultos de la región de Rostov, al este de Ucrania, mientras que en Bélgorod (al norte de Járkov) los militares obligan a los movilizados a comprar el equipamiento.

La cifra

261.000

rusos habrían cruzado ya la frontera en los últimos días para eludir la movilización, según fuentes del FSB citadas por el diario digital “Nóvaya Gazeta. Europa”. En la frontera con Georgia se producen diariamente colas kilométricas, al igual que en la frontera con Finlandia, Kazajistán y Mongolia.

En corto

Snowden

Ciudadano ruso. Putin concedió ayer la ciudadanía rusa a Edward Snowden, exanalista de Inteligencia estadounidense buscado por la Justicia de su país por filtrar a Wikileaks información sobre la Agencia de Seguridad Nacional.

Detención

Consul de Japón. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia arrestó ayer al cónsul de Japón en Vladivostok, Motoki Tatsunori, por “recibir una compensación a cambio de información sobre aspectos de la cooperación de Rusia con países de Asia y el Pacífico”.