La demolición del chalet de Xabi Alonso, construido en el paraje de Txalin de Igeldo, podría costar en torno a dos millones de euros, según aseguraron ayer los colectivos que llevaron la licencia municipal a los tribunales y han logrado que el juez del contencioso administrativo número 3 anule el permiso municipal para construir la vivienda de lujo.
Los vecinos de Igeldo Karmele Garmendia y Eneko Dorronsoro, así como el abogado Javier Olaberri, en representación de Ieltxo Kultur Elkartea, Igeldoko Herri Kontseilua y el colectivo naturalista Haritzalde, aseguraron este viernes que el chalet construido en sustitución del caserío Goiatz Berri de Martutene, expropiado para las obras del TAV, "es ilegal e ilegalizable" y "por lo tanto, solo cabe su derribo de acuerdo con la legalidad urbanística".
Asimismo, han pedido que se "investigue y esclarezca lo ocurrido" para evitar que cualquier caserío expropiado se transforme en una "operación especulativa" en Igeldo u otros suelos rurales ubicados en lugares deseables.
Sin embargo, la sentencia dictada por el juzgado donostiarra no es firme por el momento y el Ayuntamiento de Donostia ha mostrado su intención de presentar un recurso contra el fallo judicial, tal y como avanzó esta semana el alcalde.
Los colectivos recurrentes, por su parte, tienen intención de seguir la batalla en los tribunales porque consideran que "lo acontecido es muy grave".
"¿Quién será el responsable de los dos millones de euros en los que podría estar valorada la demolición y reposición a estado original de esta actuación?", se preguntaron.
Asimismo, aseguraron que el Ayuntamiento de Donostia no ha respondido a la denuncia que presentaron hace más de un año (en noviembre de 2022) cuando vieron que el chalet "no se ajustaba a la ubicación de la licencia otorgada", ya que, dicen, está "girado" sobre la localización de los planos, además de presentar otras irregularidades.
Para los recurrentes, es "de vital importancia" que el Ayuntamiento responda a su denuncia y diga si la obra se ajusta a la licencia que concedió en 2018 o no. "El Ayuntamiento debería ser el primero interesado en responder a la denuncia. Si la culpa es del promotor, se liberaría así de la responsabilidad económica sobre el millonario derribo", indicó el abogado.
Si el Ayuntamiento considera que la obra no cumple con la licencia, el derribo y restitución de la zona a su estado anterior debería corresponder a los promotores, pero no sería así si el Consistorio defiende la actuación y la licencia, como podría hacer en el recurso que prevé presentar, explicaron.
