LA publicación durante los últimos días de una amplia información apoyada en abundante documentación sobre la presunta persecución ilegal por parte del Gobierno de Mariano Rajoy contra el nacionalismo catalán ha puesto al descubierto el sistema de cloacas utilizado por el PP para perjudicar a rivales políticos y a todo el que no comulgara con su ideología. Un modelo de guerra sucia en toda regla en el que se utilizaron todos los resortes del poder y el dinero público en beneficio propio. Un ejercicio más de corrupción política e institucional al que el Partido Popular no ha dado aún respuesta. La existencia de la denominada operación Catalunya ya se conocía, pero los detalles que se desprenden de los documentos publicados son espeluznantes en un sistema democrático. Básicamente, el Ministerio del Interior liderado por el inefable Jorge Fernández Díaz se embarcó entre 2012 y 2016 en un combate fuera de la legalidad contra el independentismo catalán con el objetivo de descarrilar el incipiente procés y sacar provecho político de ello. Para esta meta no dudó en utilizar a la Policía –su policía política o patriótica–, a cuyos responsables encargó la elaboración de hasta 34 dosieres –la gran mayoría, falsos– sobre políticos y agentes sociales catalanes mediante investigaciones sui géneris sobre sus finanzas y sus relaciones familiares. Varios de estos documentos fueron, además, convenientemente filtrados a medios de comunicación afines, que los publicaron sin contraste alguno, con el fin de dañar la imagen de estas personas y de sus formaciones políticas. Se trata de un escándalo de corrupción de dimensiones gigantescas que vuelve a salpicar al PP, incapaz de desprenderse de ese vergonzante pasado. Pese a toda evidencia, el silencio ha sido la respuesta de la formación popular. De hecho, Mariano Rajoy se ha limitado a presentarse como víctima y a asegurar que quienes pretenden investigar estos hechos en el Congreso de los Diputados “lo tienen crudo”. El caso le ha estallado al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien, pese a ello, mantiene su estrategia de no hablar del asunto, como si no le incumbiese a él y a su formación. Con la investigación judicial inédita pese a los indicios y la política amordazada, este ejemplo de funcionamiento de las cloacas del Estado corre el riesgo de quedar también impune.