La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) llegó ayer, tal y como se había anunciado, sin consenso entre los agentes sociales. No parece oportuno que la decisión se presente casi como fruto de una decisión unilateral y anticipada del Ministerio de Yolanda Díaz, capitalizada en imagen por la vicepresidenta. Sobre la estrategia de mejora del SMI es imprescindible constatar que su incremento en los últimos cinco años no ha provocado en la economía la debacle que los más agoreros anunciaban. La mejora de las condiciones salariales de algo más de dos millones de personas en todo el Estado es un factor indudablemente positivo en tanto permite fortalecer la capacidad adquisitiva y la estabilidad de colectivos especialmente sensibles. Jóvenes y mujeres son quienes más vinculados están al SMI en sus empleos; bien por ser eventuales, bien por ser de menor cualificación, bien por encontarse en el inicio de sus carreras profesionales. Otra cosa es que la determinación de la subida no debería ser fruto de la improvisación. No se ha razonado suficientemente qué parámetros determinan un 5% de subida y no un 4 o un 6. Algunos sindicatos reclamaban indexar la subida al IPC, aunque esa referencia no habría permitido elevar el SMI ni la mitad del 54% de incremento aplicado desde 2018. Tampoco se han tenido en cuenta criterios de crecimiento económico y productividad, factores competitivos que sostienen salarios más elevados en el entorno europeo al que aspiramos a imitar. El objetivo de acercar el SMI al 60% del salario medio es loable, pero hacerlo sin criterios razonados puede provocar una espiral de costes. Los sindicatos aspiran a extender el 5% de incremento al conjunto de los convenios, lo que volvería a arrastrar al alza todas las medias sin vinculación con ningún parámetro económico de los citados. El procedimiento resulta mejorable también en tanto las implicaciones que arrastra la subida no han sido contempladas. La CEOE razonaba la petición de una revisión de los contratos públicos alineada a las subidas que no se ha producido ni valorado porque no compete al ministerio de Díaz. Decisiones de este calado requieren mayor coordinación interna del Gobierno en tanto comprometen a carteras diversas que no pueden funcionar a impulso y conveniencia de su titular.
