Más de la mitad de la población del Estado desconoce que existen ayudas públicas con las que podrían financiar parte de las obras de rehabilitación energética de sus viviendas, entre ellas casi 7.000 millones de euros de fondos europeos. De hecho, según la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), más de seis de cada diez ciudadanos (el 61%) no tiene idea de que podrían pedir fondos que les ayuden con las obras de rehabilitación de sus pisos para que sean más eficientes energéticamente. “Están los 6.850 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos europeos Next Generation, pero no se han dado a conocer lo suficiente”, explica la responsable de proyectos de CECU, Paz Serra.
En este sentido, Serra argumenta que no solo el parque español de viviendas está envejecido, sino también la población; y pide hacer un esfuerzo para favorecer que la información sobre ayudas para impulsar la rehabilitación de viviendas llegue y sea comprensible también para las personas mayores. Una vez que la información llega a los posibles interesados, otro problema que impide que las ayudas se usen “siempre es la necesidad de adelantar la inversión”, algo que “es una barrera para que los consumidores con menos recursos”.
En este sentido, Serra destaca la iniciativa de Extremadura de establecer un sistema de avales públicos para adelantar la inversión inicial de consumidores vulnerables.
Junto con la falta de información, desde la CECU apuntan a que las ayudas no terminan llegando a la población porque ésta normalmente rehabilita sus casas para modernizarlas o para hacerlas más accesibles, pero no piensa tanto en convertirlas en más eficientes energéticamente. Sin embargo, la Unión Europea establece que a partir de 2030 todas las viviendas han de contar con al menos una E de calificación energética (lo que indica que su consumo de energía no supera el 110% de la media) y que tres años más tarde tendrán que haber pasado a D (no supera el 100%).
Según la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), el 82% de las viviendas españolas tienen una clasificación de E o peor. Ello es consecuencia directa de que, según datos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), más de la mitad de los edificios residenciales se construyeron antes de 1980, cuando entró en vigor de la primera normativa reguladora de las condiciones térmicas de los edificios. Concretamente, 5,5 millones de edificios residenciales y unos 9,7 millones de viviendas principales son previos a ese año.
Sin embargo, en 2019 únicamente se rehabilitaron 25.554 viviendas, según sus datos, y en 2022 fueron 34.525 viviendas, un 35 % más, según el CSCAE. En medio, durante la pandemia (2020-2021), Andimac detectó un repunte de las reformas (ya que la gente tuvo que pasar más tiempo en casa), para luego caer un 1,4% en 2022 y previsiblemente cerca de un 3% este año.
En cualquier caso, estas cifras están lejos de las 300.000 o 350.000 viviendas que sería preciso rehabilitar cada año para lograr la descarbonización del sector en 2050.
Descarbonización
El compromiso. Los fondos europeos previstos para la rehabilitación energética de viviendas en España permitirán acometer más de medio millón de intervenciones hasta 2026, lo que supondría una media de 71.000 viviendas anuales (más del doble de las que se realizan). Sin embargo, sería necesario rehabilitar entre 300.000 y 350.000 viviendas anuales para cumplir con los objetivos de descarbonización del sector a los que se ha comprometido el Estado.
