Bilbao cuenta con 265 cámaras como Getxo: ¿Hay sobrevigilancia?

Según se refleja en dicho informe, donde se analiza el uso de cámaras de videovigilancia por seguridad ciudadana en el ámbito público, en los municipios y capitales vascas con mayor cantidad de población “parece hallarse escasa correlación entre la actividad delictiva descrita en estadísticas y el uso de la videovigilancia”. De hecho, en Bilbao la tasa de infracciones por cada 1.000 habitantes en 2022 es de 66,80 y dispone de 265 cámaras, mientras que en Gasteiz la tasa de delitos baja a 41,09 y cuenta con 600, más del doble.

Puesta la lupa en los municipios vizcainos, llama la atención que Getxo tenga tantas cámaras como Bilbao, 265, cuando su tasa de infracciones es aproximadamente la mitad, 34,5, mientras que Barakaldo, con una tasa veinte puntos superior a la de Getxo, apenas cuenta con una treintena de cámaras.

Por su parte, Basauri y Portugalete, con una tasa de infracciones similar, en torno a 47 por cada 1.000 habitantes, están dotados con 127 y 75 cámaras, respectivamente, y sorprende que Ermua, con una tasa de 31 y una población mucho menor, supere a ambos, con 138 cámaras.

El Ararteko observa que en municipios como Getxo, Basauri o Ermua “destacan los porcentajes de implantación de sistemas de videovigilancia en contraste con la población empadronada” y apunta que estos despliegues pueden obedecer a criterios objetivos, tales como los recursos humanos y policiales disponibles, la extensión del municipio, la afluencia de tráfico o la presencia de empresas o polígonos industriales alejados del núcleo urbano. En cualquier caso, considera “reseñable el uso intensivo de la videovigilancia en algunas poblaciones”.

También detalla que en localidades, como Basauri y Ermua, “se recurre a la vigilancia mediante cámaras en uniformes de policía, si bien la población y tasa de delincuencia es similar a la de otras poblaciones donde no se utilizan este tipo de sistemas de vigilancia”.

Por último, en cuanto a la ubicación de los dispositivos, el Ararteko pone de relieve “la captación de imágenes en rampas mecánicas, bibliotecas municipales, transportes urbanos, recintos deportivos o incluso piscinas, lugares en los que no parece existir un razonable riesgo para la seguridad ciudadana”.

Protección de Datos

Dibujado el panorama, al presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, Unai Aberasturi, también le “llama la atención la cantidad de cámaras instaladas, sobre todo en determinados municipios, en comparación a otros que parece que podrían tener una mayor justificación a la hora de instalarlas”.

Mirando a la capital vizcaina, cabe preguntarse si el número de cámaras que la vigilan es proporcionado con respecto a su nivel de seguridad ciudadana. “Si comparamos con Gasteiz, sí, parece equilibrado, pero lo esencial no es tanto fijarse en el número de cámaras, sino en si existe un motivo concreto que justifica su uso en un espacio específico, que creo que es de lo que adolecen muchas administraciones a la hora de pedir la autorización para instalarlas”, denuncia, y aporta un ejemplo. “Podemos plantearnos si es necesario instalar una videocámara para controlar el acceso a un frontón. ¿No hay otro sistema menos intrusivo?”, se pregunta.

Hace quince años empezaron a funcionar las primeras cámaras en el barrio de San Francisco para tratar de frenar la delincuencia. Su extensión al resto de la ciudad, hasta alcanzar las 265, es cuestionado por algunos. “En última instancia, el mensaje que se transmite cuando se publica el dato de las cámaras que operan en Bilbao es una sensación de sentirte vigilado o vigilada a nivel social, porque empiezas a pensar dónde están instaladas esas cámaras y puedes llegar a esa conclusión de que estás constantemente siendo grabado y de que es real eso que se califica como la sociedad vigilada y esa sensación de no poder desarrollar tu vida en el espacio público con la libertad que querrías. Ese es el principal riesgo que tiene dar a conocer que en Bilbao hay más de 200 cámaras y que en otros municipios hay tantas como en Bilbao siendo mucho más pequeños”, advierte.

“Todo lo que sea para prevenir, bienvenido sea”

A Gorka Pérez, presidente de la asociación vecinal Sanfran Auzokideak, le gustaría que su barrio estuviese “libre de inseguridad y delincuencia”. Entonces, dice, “sería genial que no hubiese cámaras, pero como a día de hoy no es así desgraciadamente...”, lamenta y se muestra sorprendido porque, a pesar de la videovigilancia, la comisión de delitos es el pan de cada día. “Sería peor si las cámaras no existiesen, pero en absoluto disuaden. No hay más que ver los ratios de delincuencia que hay en este barrio a día de hoy”, invita. De hecho, cuenta, “diariamente veo tentativas de hurto e incluso consumaciones de delitos de hurto y robos delante de las propias cámaras, con lo cual lo de disuadir es relativo”.

Los tirones, el trapicheo, los hurtos de carteras y móviles, las agresiones... Los delitos no se ciñen a la calle San Francisco, una de las más videovigiladas. “Vas por Dos de Mayo o Hernani y lo mismo, Cortes incluso, Conde Mirasol… Aquí el problema es que es todo el barrio”.

Por si fuera poco con los dispositivos instalados por el Ayuntamiento, los comerciantes cuentan con los suyos propios. “Casi todos los locales tienen sus cámaras de videovigilancia porque o te buscas tú la vida y te instalas tus propios medios de seguridad o es la ley de la selva”, asegura el presidente de la asociación de vecinos, quien advierte de que “el problema se está extendiendo al Casco Viejo. Y allí creo que no hay tantas cámaras como en Bilbao La Vieja, entonces, fíjate el problemón que tenemos en Bilbao, porque esto al final se extiende a todo Bilbao”, aventura.

Gorka Pérez no habla de oídas. En su propio portal tuvieron que instalar cámaras tras sufrir varios incidentes. “Nos rompían la puerta y saboteaban la cerradura para intentar entrar en los pisos. El año pasado una joyita arrancó las tuberías de gas . Ya me dijo el que lo iba a reparar: Si hubiese encendido alguien un mechero, medio edificio habría saltado por los aires”, relata. Aunque “se le grabó entrando y saliendo del portal con una mochila donde supuestamente llevaba los tubos”, no fue suficiente. “Tuvimos que poner cámaras en todas las plantas del edificio y una especialmente enfocada al cuarto de las tuberías del gas para, en caso de volverle a pillar, por lo menos tener una prueba de que era el autor del delito. Al final somos los ciudadanos quienes tenemos que gastar de nuestro propio bolsillo para prevenirnos”, censura.

Pérez tiene claro que “la vida y la propiedad privada requieren mayor protección” que “la imagen y la privacidad en el espacio público”. Por ello no ve inconveniente ni siquiera a que los propios vecinos graben los incidentes y los publiquen en las redes. “Así se ve claramente quién participa y quién no en un acto delictivo. Al delincuente nunca le gusta que le graben y encima se publique, pero yo entiendo que es una práctica completamente legal”, defiende.

Instalación de videovigilancia

Que cada vez más empresas y particulares disponen de sistemas de videovigilancia es más que una percepción. “A raíz de la pandemia, la instalación de cámaras privadas habrá subido un 40 o un 50% y cada vez te llaman de más sitios. El otro día, de unos garajes de una comunidad”, detalla Alberto Menika, gerente de una empresa de instalación de sistemas de videovigilancia y alarmas, con sede en Sondika.

Conocedor del sector, afirma que “España tiene un 30% de las cámaras de vigilancia que tienen otros países, por lo que van a crecer mucho más. La tendencia es que va a estar todo monitorizado, como pasa en China, EE.UU., Francia, Inglaterra y Alemania”, augura.

Sin volar tan lejos, en Bizkaia, dice, “la gente va viendo que la cámara es útil, en el sentido de que no es un elemento de control, sino de verificación de lo que ha pasado. Es decir, un ojo 24 horas al día”, que lo mismo averigua a dónde han ido a parar dos palés extraviados que detecta a un amigo de lo ajeno en el portal.

“El 80% las instala después de que les han entrado la primera vez. Generalmente la gente a nivel comunitario no quiere gastarse dinero si no es necesario, pero, a raíz del primer incidente, se ponen al loro”, afirma este profesional, que cada vez está “montando más cámaras en comunidades, garajes y parcelas. También se roba mucho en trasteros y vehículos, se ponen cantidad”.

Un cliente al que le reclamaban un material que ya había entregado, el dueño de un bar al que un repartidor le cogió botellas del almacén... “Para eso vale una cámara”, apunta Menika, que recuerda la obligatoriedad de señalizar que “se trata de una zona videovigilada” y la prohibición de “enfocar con una cámara privada a la vía pública o a otra propiedad”. En caso de que ocurriera, indica, “se haría un enmascaramiento, poniendo un rectángulo negro en la zona que no se debe visualizar”.

El despliegue de cámaras es tal que, en más de una ocasión, las imágenes que graban son requeridas por la Policía. “Nos han llamado para resolver temas de robos, órdenes de alejamiento por violencia de género, colisiones de vehículos fuera y dentro de garajes...”, enumera. Incluso solicitaron su colaboración cuando desapareció un bebé que fue hallado en un contenedor. “Se hizo un seguimiento de las zonas donde hubiera contenedores de basura. Teníamos cámaras nuestras en 12 o 14 sitios y aportamos las grabaciones”, recuerda. Recientemente la Ertzaintza le ha solicitado imágenes por un caso de violencia de género en la zona de Casco Viejo y Santutxu. “Tengo que ir a sacar grabaciones de unas cámaras exteriores que tenemos en una zona de garajes. Parece que pasó algo ahí”, dice, y puede que la cámara fuera el único testigo.