El comité de Bilbobus apeló ayer, a un día de que inicien una huelga indefinida de lunes a viernes, a la “responsabilidad” del Ayuntamiento de Bilbao y de la empresa encargada del servicio, para solucionar el actual conflicto. Previamente, ayer lunes estaba convocada una huelga de 24 horas que estuvo acompañada de una nueva manifestación que partió a las 7.30 horas de la plaza Levante del barrio bilbaino de San Ignacio y concluyó a las 11.30 en la plaza Circular.
Tras meses de paros y distintas movilizaciones, hoy el comité y los trabajadores, que tienen sus condiciones laborales sin actualizar desde 2021, dan un paso más en este conflicto y darán comienzo una huelga indefinida, que se desarrollará de lunes a viernes. En este primer día de huelga indefinida en Bilbobus, realizarán una manifestación que saldrá a las 9.00 horas de Gran Vía, 85 y concluirá a las 11.30 frente el Ayuntamiento. El presidente del comité, del sindicato UGT, José Fernández, indicó que afrontan esta huelga indefinida con “respeto, prudencia, preocupación” y también cierto enfado por la falta de avances para desbloquear este conflicto. Según explicó, no ha habido ningún contacto con la empresa o con el Ayuntamiento, a los que pidió que “asuman su responsabilidad”, a uno como “responsables del servicio y al otro como el titular del contrato de este servicio por el que se le está pagando”. José Fernández recordó que hay que dar este servicio porque es “esencial, público y pagado por los ciudadanos”.
La propia concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, admitió el pasado mes de marzo que el Ayuntamiento se encuentra frente a un callejón de difícil salida ante el conflicto laboral de Bilbobus. El contrato para gestionar el servicio se firmó con una vigencia de diez años en 2019, cuando eran imprevisibles las afecciones del coronavirus y la guerra de Ucrania. Un lustro después, la adjudicataria alega que no puede asumir las condiciones salariales firmadas, ya que no preveían un aumento del IPC tan excepcional. Ese es el principal motivo por el que los trabajadores del servicio están de huelga, demandando la actualización de un convenio congelado desde 2021. Con el fin de desencallar la situación, se están estudiando diferentes salidas, como modificar el contrato o, incluso, rescindirlo. No obstante, no han hallado las “garantías jurídicas” necesarias para llevar a cabo estas medidas sin que supongan “fianzas millonarias”.
