El Consistorio de Bilbao se encuentra frente a un callejón de difícil salida ante el conflicto laboral de Bilbobus. El contrato para gestionar el servicio se firmó con una vigencia de diez años en 2019, cuando eran imprevisibles las afecciones del coronavirus y la guerra de Ucrania. Un lustro después, la adjudicataria alega que no puede asumir las condiciones salariales firmadas, ya que no preveían un aumento del IPC tan excepcional. Ese es el principal motivo por el que los trabajadores del servicio están de huelga, demandando la actualización de un convenio congelado desde 2021. Con el fin de desencallar la situación, desde el Ayuntamiento están estudiando diferentes salidas, como modificar el contrato o, incluso, rescindirlo. No obstante, no han hallado las “garantías jurídicas” necesarias para llevar a cabo estas medidas sin que supongan “fianzas millonarias”.
La concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha comparecido este martes en comisión a petición de EH Bildu para dar a conocer el impacto de las movilizaciones que mantienen los trabajadores de Bilbobus, que tienen previsto realizar huelga indefinida a partir del 9 de abril. Según ha explicado, el contrato se firmó para un periodo de diez años (2019-2019) aunque meses antes de ese contrato la concesionaria anterior firmó un acuerdo de subida salarial de 1,5 puntos sobre el IPC para 2020 y 2021. Los pliegos de condiciones del nuevo contrato estimaban una subida de 2,3 puntos para cada uno de los diez años. Sin embargo, como consecuencia del covid, el IPC fue de 6,5, suponiendo una subida salarial del 8% en 2021. Aunque la concesionaria lo asumió, cumpliendo el convenio, no pudo afrontar las nuevas subidas de IPC de 5,7% en 2022 y un 3,1% en 2023.
“La empresa nos traslada que no puede asumir ninguna subida salarial porque esto le supondría un fuerte desequilibrio económico del contrato y una quiebra económica”, ha sostenido Abete. Por otro lado, ha reconocido que los trabajadores están “legítimamente reclamando un incremento salarial” porque “tienen el salario congelado desde el año 2021”. Ante esta situación, el Ayuntamiento continúa buscando una solución que tenga soporte jurídico, “bien sea una modificación, una resolución del contrato o cualquier otra forma jurídica válida en derecho”. Por ello, se han sentado a hablar “con todas las partes” y se han puesto encima de la mesa “todas las posibles soluciones”. Abete ha afirmado que la solución tiene que ser “escrupulosamente legal” porque se trata de un contrato de 500 millones de euros.
“No hay una casuística como esta, no hay precedentes en la jurisprudencia”, ha defendido la edil de Movilidad y Sostenibilidad, quien ha incidido en que “no son procedimientos fáciles” por el encaje jurídico de cualquiera de las propuestas. Respecto a las cantidades, ha expresado que los pliegos prevén unas cuantías, pero hay que calcular otras cuestiones. “Hablamos de fianzas millonarias. Es un contrato de 10 años de vigencia con unos importes muy importantes, por lo tanto hay que tenerlo todo muy claro y con todas las garantías”, ha manifestado la edil, quien ha cifrado en 700.000 euros el ahorro del Ayuntamiento por los paros. “Ojalá nos los hubiéramos podido gastar, porque hubiera significado que el servicio estaba en funcionamiento normal”.
Mientras tanto, los trabajadores de Bilbobus, que hoy han afrontado otra jornada de huelga, han establecido como paros de un día en las jornadas 18, 20, 25 y 27 de marzo, mientras que el día 11 se mantendrán los paros de cuatros horas por la mañana y cuatro horas por la tarde. Ante esta situación, Karlos Renedo, concejal de EH Bildu, ha insistido en que se trata de una situación “muy preocupante” que afecta “a la calidad de vida de miles de personas”. En ese sentido, Xabier Jiménez, de Elkarrekin Podemos, ha matizado que los más afectados por los paros del servicio que llega a todos los puntos de la ciudad son los bilbainos “de los barrios altos, donde está la gente obrera”. Paula Garagalza, del PP, ha defendido que “hay que intentar que no llegue a huelga”.
