El Defensor del Pueblo recibió 34.926 quejas en 2023, 3.849 más que en 2022, la mayoría de ellas relacionadas con la Administración de Justicia, la Seguridad Social, Interior, asilo, educación y sanidad. Así se desprende del Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entregó ayer a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, acto en el que planteó “cambios orgánicos” en el Ingreso Mínimo Vital.

“Los ciudadanos han señalado con sus quejas que las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario. Ellos nos indican también que los procesos de digitalización en las administraciones han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías”, aseguró Gabilondo.

En concreto, explicó que la institución tramitó un total de 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022, que dieron lugar a 2.366 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 668 fueron recomendaciones, 987 sugerencias, 708 recordatorios de deberes legales y tres advertencias. Además, inició 288 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, 38 más que en 2022, y atendió personalmente a 37.752 ciudadanos, 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de una forma presencial. También recepcionó 389 solicitudes de interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional.

Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (8.470), Andalucía (4.186), Valencia (3.973) y Catalunya (3.208). Se repite la situación de los últimos ejercicios, en los que estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición.

Asimismo, sobre el Ingreso Mínimo Vital, Gabilondo indicó que “es necesario introducir cambios orgánicos”. Y en cuanto a la violencia de género expuso que sigue siendo una “importante preocupación ciudadana” y que también lo es para el Defensor. “Continuamos trabajando para que se amplíe el ámbito de protección que ofrece la ley a todos los tipos de violencia de género”, afirmó. En este sentido, se refirió a la violencia vicaria, de la que señaló que se sigue denunciando “un uso indebido del síndrome de alienación parental” por parte de algunos jueces y fiscales.