Los grupos parlamentarios del PNV y PSE-EE han planteado gravar a través de un canon las instalaciones de energías renovables en suelo no urbanizable, lo que afectaría a parques eólicos y fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.
Ambos partidos han registrado en el Parlamento Vasco 117 enmiendas al proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático que modifican varios artículos y el contenido de parte del texto original que aprobó el Consejo de Gobierno vasco el pasado 16 de mayo.
En varias de sus enmiendas PNV y PSE añaden un nuevo capítulo al proyecto en el que se regula este canon que no figuraba en el proyecto inicial.
Se trataría de un "impuesto directo y periódico" que gravaría la explotación de instalaciones de energías renovables en suelo no urbanizable y afectaría tanto a las que estén en funcionamiento antes de la entrada en vigor de la ley como las que se implanten posteriormente.
Estarían exentos del pago de este canon los titulares de autorizaciones de explotación de instalaciones de autoconsumo y las de generación de potencia inferir a 2 MW.
La cuota íntegra del canon se calculará multiplicando la potencia total instalada, medida en MW, por 3.000 euros.
El dinero recaudado se destinará a una partida presupuestaria anual que tendrá como finalidad financiar la gestión del canon y el desarrollo de actuaciones en los municipios afectados directa o indirectamente por la implantación de estas instalaciones.
Estas enmiendas del PNV y PSE su suman a las que la semana pasada registraron EH Bildu (109), Elkarrekin Podemos-IU (116), PP (50) y Ciudadanos (9). Vox no ha presentado ninguna.
Ninguno de los grupos de la oposición ha enmendado a la totalidad este proyecto de ley que es una de las normas estrella del calendario legislativo del Gabinete de Iñigo Urkullu.
El proyecto de ley entra a partir de ahora en el debate en ponencia de las alegaciones parciales y la intención de los grupos es que la normativa se apruebe antes de que el lehendakari convoque las elecciones autonómicas en 2024 y se disuelva la Cámara.
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, confío recientemente en que se pueda aprobar en febrero, mientras que EH Bildu, el principal partido de la oposición, se ha mostrado favorable a que el Parlamento trabaje en las enmiendas en enero, mes habitualmente inhábil.
El Gobierno vasco busca con esta ley fijar una ruta para alcanzar las cero emisiones en Euskadi para 2050 a través de medidas y obligaciones de eficiencia energética y del impulso de las energías renovables, del hidrógeno verde y de planes de movilidad sostenible.
