El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este viernes mantener la suspensión de la parte del punto 14.3 de la ley vasca antipandemia referida a la vacunación contra el coronavirus, que fue recurrida por el Gobierno español.
El artículo 14 se desarrolla bajo el epígrafe "Realización de pruebas diagnósticas y vacunación" y en su apartado 3 se recoge que "la realización de pruebas diagnósticas de acuerdo a lo previsto en esta ley se ajustará a lo previsto en los artículos de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica y reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica".
Además, contempla, que la denegación del consentimiento para estas pruebas se recogerá por escrito y supondrá la "imposibilidad de llevar a cabo el trabajo o la actividad sujeta a la realización de la misma, así como, en su caso, la posibilidad de que se impongan restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por esta ley". Agrega que este mismo precepto se aplicará "a los efectos de la exigencia de vacunación", parte del artículo que el TC suspendió en abril y que ahora ratifica.
En su argumentación, el pleno del TC recoge que el citado inciso "puede comportar perjuicios de difícil reparación impuestos contra la voluntad del ciudadano, por cuanto la norma asocia consecuencias desfavorables a la negativa a someterse a la vacunación", lo que puede "modular intensamente el principio de voluntariedad en la participación de actuaciones de salud pública".
El Gobierno vasco afirma que la ley no obliga a vacunarse
El tribunal de este modo da la razón al Gobierno español, que sostiene que lo ahora suspendido es anticonstitucional porque supone la obligatoriedad de vacunarse, mientras que el vasco considera que no es así porque en él se señala que estas pruebas diagnósticas y vacunas se ajustarán a lo previsto en la ley estatal 41/2002, en la que se afirma que ese consentimiento será voluntario.
El Ejecutivo de Madrid presentó este recurso tras mantenerse las discrepancias jurídicas con el Gobierno vasco sobre su interpretación después de seis meses de negociaciones en la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma Vasca.
La ley antipandemia fue aprobada por el Parlamento Vasco el pasado mes de junio y contó con el respaldo de los dos socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, y de Elkarrekin Podemos-IU. Ahora no está vigente ya que solo se activa cuando se declara en Euskadi la emergencia sanitaria.
También Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional varios artículos de esta ley, puesto que el partido de Santiago Abascal considera que "impone la vacunación obligatoria" y el "sometimiento a pruebas PCR y cribados obligatorios".
