De memorias y olvidos

EN una entrevista esta misma semana, el diputado más longevo en el Congreso y ex número dos del PSOE, Alfonso Guerra, se descolgó con unas declaraciones que se resumían en lo siguiente: "Los nacionalistas no han sido leales. Nos dijeron que tenían suficiente con la Constitución". Aparte de que esto de las lealtades eternas suena falso en política, el compañero Guerra demuestra tener una memoria adaptable a sus deseos, falseando la realidad y obviando hechos que no quiere recordar. Hechos olvidados, como el apoyo por esas fechas del PSOE a la creación de una autonomía vasca en la que se incluía Navarra. Aún recuerdo el tiempo en que la ikurriña presidía las sedes socialistas en Navarra y alcaldes y concejales del PSOE las colocaban en sus ayuntamientos, la asistencia de los diputados socialistas Gabriel Urralburu y Julio García Pérez a la constitución de la Asamblea de Parlamentarios Vascos en la Casa de Juntas de Gernika o incluso la presencia del navarro Solchaga en el segundo Consejo General Vasco (órgano preautonómico que se mantuvo hasta la constitución del Gobierno vasco en 1980). Yo no le diré a Guerra que los socialistas nos engañaron con respecto a Navarra, aunque lo hicieron. Prefiero hacer que pienso, simplemente, que cambiaron de opinión.

Pero en el caso de los nacionalistas vascos y la Constitución ni el nacionalismo engañó a nadie ni ha cambiado de opinión. El nacionalismo vasco nunca apoyó la Constitución española. Mientras reconocía el valor que suponía la aparición en el ordenamiento jurídico de derechos y libertades que suponían una homologación democrática con los Estados europeos y una posibilidad de alejarnos de la dictadura, no podía aceptar en su mayor parte el texto constitucional. Y ello empezando porque no se reconocía la existencia de la nación vasca. Marcos Vizcaya Retana, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, escribió un clarificador libro, El PNV ante la Constitución, que recomiendo vivamente a todos y en especial a los viejos próceres socialistas.

Yo era muy joven, apenas recién afiliado, pero aún recuerdo las asambleas en las que se discutió qué postura adoptar respecto al referéndum constitucional. Me acuerdo especialmente de una reunión que se organizó en los locales parroquiales de San Luis Beltrán, creo que abierta a todos los afiliados del partido en Bilbao. La decisión fue abstenerse y bien que lo hizo así el pueblo vasco el día del referéndum. La Constitución no fue ratificada en Euskadi. En el territorio que se convertiría en la CAV, solo el 44,6% del censo acudió a la urnas y tan solo el 30,86% del mismo votó a favor.

Aquella Constitución, concedida con todos los recelos por parte de las fuerzas fácticas del viejo régimen, llevaba impregnados estigmas para que esa homologación democrática fuera aceptable. Que el Ejército español se constituya en garante de la unidad territorial y del ordenamiento constitucional no deja de ser además de una curiosa excepción en el derecho comparado, fiel reflejo de cuál era la situación en aquel momento. Y esos tics siguen presentes en 2013, como puede verse en el Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que define al Ejército como agente de acción exterior del Estado y por lo tanto teóricamente con agenda propia, en vez de un instrumento en manos del Gobierno como en cualquier sociedad democrática.

El legislador constitucional había sido muy consciente de no dejar penetrar la autonomía territorial en el ámbito del poder judicial. La unidad del poder judicial está garantizada. La estructura, la carrera, las designaciones, la disciplina, vienen dadas de arriba abajo y desde Madrid. ¿Qué mejor seguridad de que las cosas no se desmanden que controlar al controlador?

Pero, por otra parte, la semilla de que aquello no iba a funcionar con el acuerdo de ambas partes sino con la aquiescencia de una sola de ellas estaba en el sistema de elección del árbitro de las controversias competenciales: el Tribunal Constitucional.

Y así, entre leyes de corte invasora del pacto estatutario e interpretaciones restrictivas de la letra de la Constitución, se ha llegado al agotamiento de la misma. La gota que colmó el vaso y cegó la salida para interpretaciones generosas fue la sentencia sobre el Estatuto catalán, cerrando cualquier posibilidad de acuerdo interpretativo y acabando con las competencias exclusivas de las CC.AA. Pero como incluso el exministro Bono reconoce, aquí hay que solucionar el caso catalán y el caso vasco porque no se ha logrado con la Constitución actual. Y para ello no quedará más remedio que reformarla.

El PNV manifestó claramente el 25 de octubre pasado que el Estatuto de Gernika, maltratado desde el primer día desde Madrid, no sirve hoy como marco en el que la autonomía vasca pueda desenvolverse. Lo mismo puede predicarse de la Constitución. Ha comenzado una dinámica para que entre todos los partidos políticos vascos podamos llegar a un acuerdo sobre un nuevo estatus político vasco en relación con España y también con Europa. Sería bueno que al mismo tiempo fuera desarrollándose un planteamiento de modificación constitucional que posibilite un acuerdo en el que puedan contemplarse alternativas para el acomodo de lo que hoy demandan las mayorías sociales en Cataluña y Euskadi. Y mejor más pronto que tarde.

En el caso de Euskadi tenemos un resorte que imaginativamente podría dar cierto juego: la Disposición Adicional 1ª. Disposición que también cepillaron en su momento con respecto al texto inicial presentado por el PNV. Aun así, gracias a lo que quedó de ella, permitió justificar la devolución del Concierto Económico a las "provincias traidoras". No es menos cierto que el PNV nunca, en ningún caso, hubiera aceptado la autonomía sin el Concierto. Ese camino de la Disposición con una interpretación más amplia podría convertirse en una pieza importante para justificar jurídicamente ese nuevo estatus del que hablamos, a poco que quieran explorarse sus posibilidades con verdadera voluntad negociadora.

No sé qué seremos capaces de acordar, primero entre nosotros los vascos y después con el Estado. De lo que estoy convencido es de la necesidad de explorarlo y de que este es el momento. El sistema autonómico, fruto de las propias incoherencias de los partidos políticos que lo diseñaron, está en situación de precolapso. Necesita, todos lo asumen, una reforma.

No, no es la Constitución de los nacionalistas. No lo será nunca si se quiere sostener la solución en base a conferencias sectoriales de diecisiete autonomías y árbitros comprados. Mientras no se reconozca la existencia de la nación vasca, su relación bilateral con el Estado, su presencia directa ante las autoridades europeas junto a un aumento de competencias consecuente con lo anterior, y la capacidad de decidir democráticamente sobre su futuro, los nacionalistas vascos no podrán decir sí a una Constitución, ni española, ni francesa.

Mientras esto llega, si llega, exploremos si hay vías para el acuerdo, aunque sea temporal. Porque si no las hay quizá no tenga sentido que nadie nos pregunte nunca más qué necesitan los nacionalistas vascos para dar el sí a la Constitución.