A crisis derivada o agravada por la guerra en Ucrania está impactando de manera cada vez más notable en la ciudadanía y la economía, agravando una situación ya de por sí muy complicada a causa de la pandemia y poniendo en riesgo no ya solo la recuperación sino la supervivencia de las empresas y el empleo. Tras varias semanas de titubeos, las instituciones han decidido, en el marco de sus respectivas responsabilidades, tomar cartas en el asunto con el objetivo de afrontar las consecuencias de la crisis. El abordaje de esta delicada situación tiene dos planos: uno, a corto plazo y cuyo objetivo inmediato es responder de manera urgente y eficaz a las dificultades más apremiantes; y otro, a medio y largo plazo, en el que se deben abordar los problemas estructurales que ya se venían detectando y que han aflorado con mayor virulencia tanto durante la pandemia como ahora con la guerra. En este contexto, la Unión Europea, el Ejecutivo español, el Gobierno vasco y las diputaciones forales están respondiendo a la actual coyuntura mediante la puesta en marcha de planes de choque, medidas y ayudas destinados a atajar los efectos más sangrantes de la crisis que podrían tener, además, un efecto en cadena que agrave el problema. El paquete de medidas aprobado ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez -que tiene margen de maniobra tras el aval recibido de la UE-, cuyos objetivos más inmediatos son la rebaja en el precio del combustible para todos los ciudadanos, el límite a las subidas de los alquileres y la rebaja del IVA de la electricidad, va en la línea de servir de paliativo de amplio espectro. Era imprescindible e inaplazable aunque probablemente sea insuficiente. Una vez más, la obcecación de Sánchez por adelantar las medidas sin consulta, diálogo y consenso previo choca tanto con sus constantes apelaciones a arrimar el hombro como con la envergadura del reto. Por contra, el lehendakari ha puesto por delante el diálogo y ha convocado a los partidos para buscar un consenso previo a la toma de medidas. De igual manera, las diputaciones han actuado de forma unitaria dentro de sus competencias y han aprobado un conjunto de medidas fiscales excepcionales y ayudas para fortalecer la liquidez. Son, todas ellas, actuaciones de carácter urgente que servirán de alivio coyuntural. Pero las necesarias reformas estructurales no pueden aguardar a la siguiente crisis.
