A financiación autonómica, la dotación de recursos a las comunidades para la realización de políticas en virtud de sus competencias, es una de las grandes asignaturas pendientes del Estado descentralizado, salvo para la CAV y Nafarroa merced a su sistema foral que permite a los territorios vascos recaudar sus impuestos, gestionarlos y concertar su contribución general. La disparidad o ausencia de criterios y una distribución aparentemente desigual de recursos han generado quejas y enfrentamientos entre las autonomías de régimen común, que de manera recurrente exigen una mayor y mejor financiación pese a que en conjunto acumulan deudas al Estado por casi 177.000 millones de euros, al tiempo que muchas de ellas censuran los “privilegios” vascos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha encargado a un comité de expertos un estudio sobre la situación para acometer una reforma fiscal cuyo alcance se desconoce pero que podría abordar una suerte de “armonización fiscal” a cuyo rebufo se están produciendo movimientos de carácter político entre comunidades y partidos. La propuesta del presidente valenciano, Ximo Puig, de establecer un impuesto para Madrid que compense el efecto favorable que tiene la capitalidad sobre la economía madrileña ha abierto la caja de los truenos, máxime después del aval del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. El rotundo desmentido de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desautorizando a su compañero, ha rebajado algo los encendidos ánimos del PP, que ha acusado al Gobierno de “madrileñofobia”. Es obvio que durante décadas los ejecutivos españoles han alimentado una política de fortalecimiento estratégico de Madrid, no solo capital del Estado sino sede de todas las instituciones y de la inmensa mayoría de grandes empresas, lo que ha generado a esta comunidad un importante beneficio que le permite actuar de manera populista en una especie de paraíso fiscal. Es posible que la reforma que anuncia el Gobierno sea necesaria para las comunidades de régimen común, pero la “armonización fiscal” que se plantea no puede ser una nueva excusa recentralizadora para diluir o eliminar el régimen foral y su capacidad recaudatoria y el Concierto Económico. El riesgo es real, porque los ataques contra los “privilegios” de la CAV y Nafarroa son incesantes y se recrudecerán, sin duda, con la reforma.
