A gestión de la pandemia y de la toma de decisiones respecto a las distintas medidas a adoptar durante la misma para frenar los contagios y paliar los efectos del covid-19 que ha hecho y hace el Gobierno de Pedro Sánchez obviando la cogobernanza mediante la unilateralidad y dejando a las comunidades sin garantías jurídicas ni capacidad de reacción, han puesto en evidencia el funcionamiento real del modelo autonómico del Estado. Así se ha puesto en evidencia durante estos más de 17 meses de lucha contra el virus, en los que la tensión entre las autonomías y el Ejecutivo español -en la mayoría de las ocasiones, con el lehendakari, Iñigo Urkullu, al frente- ha sido y continúa siendo constante. Esta constatación objetiva y la histórica casi nula receptividad de las reivindicaciones de cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, de ampliación de competencias y de reconocimiento y respeto de la voluntad popular planteadas por Euskadi y Catalunya han revelado, también, las costuras del modelo impuesto hace ya 43 años. De ahí que sorprenda sobremanera que la ponencia marco que fija las bases del 40º Congreso Federal que el PSOE celebrará en octubre y que se hizo pública ayer obvie de manera casi absoluta o, en el mejor de los casos, soslaye el debate territorial. Un asunto que ha sido clave y ha polarizado y tensionado a la sociedad durante los últimos años y cuyas consecuencias de su nefasto abordaje en términos políticos y su judialización aún se están viendo, con mayor intensidad en Catalunya. El debate territorial y el modelo de Estado son esenciales y transversales y no pueden ser un elemento marginal o estar subsumidos en esquemas generalistas, sin concreción, sin apuestas audaces, innovadoras y democráticas para un partido que se denomina federal. El pasado jueves, la nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, reconoció que en el Estado autonómico “hay cuestiones que no han terminado de funcionar y hay que revisar”. En efecto, hay muchas cosas que o no funcionan desde hace más de cuarenta años o no sirven ya para abordar los problemas de la sociedad del siglo XXI. Esta autocrítica contrasta a día de hoy con al ausencia de planteamientos reales y concretos que el PSOE está obligado a ofrecer, como partido centenario, democrático, federalista, de gobierno y -es de esperar- de Estado.