ES obvia la disonancia entre el discurso de rechazo absoluto a la derecha estatal que se ha ido al extremo -también antes de su radicalización- y la concertación no ya en la oposición sino en el interés de desgastar al gobierno mediante la coincidencia con ella en el voto. En tiempos en los que se ha recomendado, y hasta se ha exigido, no sin alguna lógica democrática, la implantación de un cordón sanitario en torno a la triple denominación política de esa derecha ultramontana, que fuerzas autodefinidas como drásticamente progresistas y que han puesto el grito en el cielo ante acuerdos políticos anteriores con una parte de la misma -entonces la menos extrema y pese al resultado práctico de esos pactos- no tengan empacho en coincidir e incluso en conciliar votaciones con ella (y viceversa) solo puede definirse como incoherencia. Sin embargo, es lo que ha ocurrido decenas de veces esta legislatura -EH Bildu y el PP han coincidido en 130 voctaciones- y lo que volvió a suceder este jueves en el Parlamento Vasco cuando EH Bildu y Elkarrekin Podemos unieron sus votos a los del PP en la tramitación de una proposición de ley de este último grupo para aprobar la devolución a todos los empleados públicos de la Administración vasca de las primas e indemnizaciones por jubilación anticipada que les fueron retiradas por los recortes en el gasto público durante la crisis económica. Dicha contradicción encierra además otra incongruencia; la medida, implantada por cierto en 2012 por el gobierno de Patxi López soportado por el mismo Partido Popular y con la oposición del PNV, fue obligada ante la aprobación por el Gobierno de Rajoy en el Estado de la regla de gasto. Pero el absurdo político alcanza lo absoluto y se convierte en la forma parlamentaria del espíritu de la contradicción cuando la propuesta se evade o extrae del cauce y momento adecuados, la negociación de los presupuestos, para ser planteada a posteriori, cuando tras forzar la prórroga de las cuentas quienes la apoyan conocen de antemano que el impacto de dicha recuperación, superior a los 275 millones de euros, es totalmente inasumible, afecta a la negociación colectiva de toda la función pública e impediría las mejoras a los funcionarios comprometidas por el Gobierno vasco. En Euskadi, al parecer, no hay nada más parecido a una oposición de derechas que una oposicición de izquierdas.
