Espero que este año sean capaces de rectificar el “destrozo” que han hecho a multitud de economías de familias monomarentales con la normativa de becas del curso 2018-19.

Soy madre divorciada con dos hijas, cobrando un exiguo sueldo de media jornada y una pequeña pensión de alimentos que percibe mi hija menor.

Desde el primer minuto, el padre de mis hijas, se ha desentendido de todos los gastos sanitarios y de educación que establecía el convenio regulador de divorcio, alegando sus escasos recurso económicos.

Cuál ha sido mi sorpresa cuando en primavera, recibo la notificación de denegación de la beca solicitada para el Grado de Educación Social cursado por mi hija menor, alegando que se supera el umbral de renta. Esa superación del umbral de renta, presupone que mi unidad familiar es de 4 miembros, es decir, incluyen al progenitor, que vive en su propio domicilio, y por tanto, dan por supuesto que en mi casa entran más de 40.000 € que es el limite fijado para el umbral 3.

Este señor ni vive ni aporta a la economía familiar desde hace 12 años y encima nos perjudica en tal decisión de Gobierno vasco.

Hasta ahora, mis hijas se han podido beneficiar de las ayudas al estudio por no llegar los ingresos de unos mínimos establecidos y ahora estamos planteándonos la continuidad en la UPV ya que las cuentas no salen. Con los ingresos que entran en casa, un grado universitario y los gastos de transporte, se hacen muy difíciles.