Hacia una nueva Ley Vasca de Educación

El libro blanco sobre la educación y formación Enseñar y aprender: hacia la sociedad cognitiva (1995) ya marcaba el choque que suponía la sociedad de la información, cuyo efecto principal es la transformación de la naturaleza del trabajo, que genera la necesidad de que los individuos se adapten no solo a las nuevas herramientas técnicas, sino también a la evolución de las condiciones de trabajo.

Ante dicha perspectiva y bajo la evolución de la sociedad vasca en estos últimos casi treinta años de vigencia de la Ley de Educación, se ha generado un nuevo debate para estructurar una nueva ley que responda a los nuevos desafíos que demanda la sociedad del siglo XXI en todas sus vertientes.

Si bien la necesidad de cambiar los diferentes modelos lingüísticos puede generar un cierto consenso ante la clara evidencia de su ineficacia actual a la hora de generar un alumnado totalmente bilingüe tanto académicamente como socialmente, no ocurre así en lo que respecta a la financiación y restructuración de la gestión educativa. Es en esta área donde más dudas y controversias pueden surgir desde un plano que en algunas ocasiones será más ideológico que estructural. Por tanto, me centraré en la reflexión de este aspecto.

Para que los sistemas de educación y formación puedan desempeñar el papel que les corresponde, no basta con que se inviertan recursos suficientes sino que, además, estos recursos deben asignarse y administrase de la mejor manera posible.

En primer lugar, para una eficaz gestión de los recursos es importante la descentralización de los centros educativos en todos sus niveles, donde la escuela tenga la suficiente autonomía no solo desde un punto de vista administrativo, sino también desde la posibilidad, de cambiar y adaptar razonablemente los programas de estudios, los métodos y la gestión. Las conclusiones de los estudios de TIMSS y PISA confirman la correlación positiva entre esta descentralización y los niveles de estudios alcanzados.

La dependencia estructural actual siguiendo el modelo centralista francés (Gobierno vasco) sería sustituida, aplicando el principio de subsidiariedad, por el organismo más próximo a la ciudadanía y a la realidad del entorno (Ayuntamiento), tal y como se da en otros países europeos como el renombrado modelo finlandés. Por ejemplo, la contratación de personal para llevar a cabo sus planes educativos o funcionales recaería en la dirección del centro en coordinación con el ayuntamiento y una vez consensuada con la comunidad educativa. Ahora bien, cumpliendo todos los requisitos de equidad y profesionalidad.

Esta flexibilidad organizativa se adapta mejor tanto a la rapidez en los cambios de los retos educativos globales como a los inherentes al medio más próximo, generando sus propios proyectos, que también podrían ser comunes a otros centros aunando así las diferentes estrategias. En cambio, la estructura vigente se nos muestra especialmente inflexible debido a la maraña burocrática que la rodea por su estrecha dependencia de organismos superiores, lo que dificulta considerablemente la planificación de estrategias que demandan soluciones adecuadas al momento.

En segundo lugar, es necesario una revisión de los modelos de financiación para hacer frente a esta sociedad cognitiva con la impronta de la inmigración. En numerosas ocasiones la distribución de los recursos se efectúa observando únicamente la titularidad del centro, sin tener en cuenta el servicio que este presta a la comunidad con todos sus condicionamientos tanto socioeconómicos como culturales. La dicotomía existente en el Sistema Educativo Vasco entre lo público y lo concertado en relación a su financiación no se produce en otros países, salvo que la concertada cumpla determinados requisitos: ofrecer un servicio público, es decir, admitir a todo el alumnado potencial sin exclusiones, no tener ánimo de lucro y estar enmarcado dentro de las directrices educativas generales del gobierno.

Los países de la Unión Europea, en los que el monto y el método de financiación es idéntico entre la pública y la concertada, son el doble que aquellos que aplican un cálculo diferente, como es nuestro caso (Eurydice 2002). Entre ellos destacan Suecia, Finlandia y Holanda, países en lo social altamente sensibles.

En tercer y último lugar, se deberían poner a punto distintos módulos de cooperación entre los sectores públicos y privados a fin de movilizar recursos humanos y financieros suplementarios, siempre que estén coherentemente regulados y no ejerzan presiones para manipular los objetivos de la comunidad educativa. Este concepto no debe asociarse con las políticas educativas neoliberales. La intención no es sustituir los recursos públicos por los privados, sino complementarlos en pro de una rentabilidad social. Esta combinación, con ciertos matices, es frecuente en Austria, Irlanda y Bélgica, más indeterminada en Alemania, Suecia y Reino Unido, y poco frecuente en nuestro entorno.

Esperemos que las diferentes propuestas estén encaminadas a actualizar realmente nuestras políticas educativas, ya que la forma en que llevemos a cabo estos cambios marcará el devenir de nuestra sociedad en todos sus aspectos. ¡Ánimo! * Pedro Pablo Arrinda. es profesor de Humanidades. y Estudios Avanzados en Teoría e Historia de la Educación