ACE seis años que no está Marcelo Usabiaga, y, como sucede cuando se va una figura histórica, deja muchas preguntas sobre su intensa vida, detalles que no hubo oportunidad de conocer. Son testimonios de valor inigualable, que no contienen los libros de historia. Sin embargo, Pikoketa, el asesinato de 18 milicianos republicanos en ese caserío de Oiar-tzun el 11 de agosto de 1936, no quedó en el tintero. Marcelo, que había perdido a un hermano allí, fue uno de los promotores, en 1978, de la búsqueda de la fosa común donde fueron enterrados. Y no perdía ocasión para contarnos aquellos sucesos. Y siempre, su relato de Pikoketa, miraba desde un ángulo distinto, y añadía matices, luz, sobre cómo eran aquellos días de la República, y sobre cómo se defendieron los iruneses. Por eso me gusta volver a sus palabras para recordar a los fusilados, porque nos permiten alcanzar los sueños, los anhelos, de aquellos jóvenes que se vieron obligados a la guerra, a cortar de cuajo su vida, para defender la libertad. A Marcelo le gustaba empezar el relato contándonos cómo, después de haber participado con una decena de milicianos en la recuperación del cuartel de Erlaitz, se despidió para siempre de su compañero Agapito Domínguez.
—Yo caminaba junto a Agapito —contaba Marcelo—, en la cola de la fila de milicianos, y fui el único informado por su decisión de no volver a Irun e ir a Pikoketa. Intenté disuadirlo, regresábamos de la misión con los nervios rotos, apenas habíamos echado una cabezada la última noche, y no estábamos en las mejores condiciones para proseguir el combate.
—¡Agapito, baja al pueblo a descansar! —le insistí—, y mañana, repuesto de fuerzas, vuelves a subir.
—No, me voy ahora a Pikoketa. Quiero estar con Mercedes.
—Y por mucho que lo intenté, no conseguí convencerlo.
—Agapito, a sus 23 años, había pasado casi un año y medio en la cárcel, por sus actividades revolucionarias. Y murió allí por amor.
—Mercedes López, su novia, solo tenía 16 años, uno menos que su amiga Pilar Vallés. Mercedes era muy decidida y resuelta, una agitadora, que por su energía y condiciones era la responsable del trabajo comunista entre las mujeres; Pilar era más reservada. Ambas muy entregadas, soñadoras de otro mundo. Se dijo que ambas murieron abrazadas frente al pelotón de fusilamiento, gritando “Viva la República” en el último instante.
—En Pikoketa se encontraba también mi hermano Bernardo. Lo vi por última vez un par de días antes. Estaba con el grupo de chicos y chicas de la juventud comunista, en el Convento del Pilar, que desde los primeros días de la guerra había quedado convertido en el Cuartel General de la Defensa de Irun. Al ver de lejos a mi hermano me acerqué hasta su grupo.
—Subimos a Pikoketa —me dijo orgulloso—. ¿Y cómo iba a criticarle, por su actitud, por su arrojo? Si eso era lo que pedíamos a todos, si queríamos ser el ejemplo para todos. Pero no puedo dejar de sentir una profunda deuda moral con Bernardo. Tenía solo 17 años, y seguramente los dos años que yo le llevaba fueron decisivos para que siguiera mis pasos. Bernardo acababa de terminar su carrera de perito mercantil, y era de la juventud comunista desde hacía un año, cuando a sus 16 abriles, permití su afiliación. Antes, a pesar de su insistencia, veté su entrada, quería salvarle de los peligros de la política en esos tiempos turbulentos del gobierno derechista. A sus 16 años ya no pude pararlo, era un muchacho formado ante su libre elección, mayor ya para elegir su camino en la vida.
—La posición de Pikoketa era de una elevada importancia estratégica —Marcelo contaba detalles de aquellos jóvenes y también sobre el lugar—, porque dominaba el camino por el que los requetés avanzaban desde sus bases en Navarra hasta sus posiciones en Oyarzun; y desde esa loma se veían hostigadas sus tropas por el tiroteo republicano. Pero antes de la guerra Pikoketa era un lugar destacado por lo contrario, por la alegría, por la fiesta. En su campa celebrábamos verbenas y romerías dominicales los jóvenes iruneses, y particularmente los jóvenes izquierdistas. Aquella era una izquierda rebosante de optimismo, de sueños, de entusiasmo, de risa.
—José Mari Arruti —seguía desgranando al grupo de antifascistas asesinados—, tenía un bar en la plaza Urdanibia, había vuelto de su trabajo como cocinero en el Balneario de Zestoa, y se juntó con sus amigos, con Bernardo, con Mercedes y Pilar, en el patio del Convento. Pasó por su casa y les contó que subía al monte. La madre protestó, se quejó, acababa de llegar, ¿por qué no aguardaba un día, solo un día? Tenía 19 años. También estaban otros milicianos comunistas, Jesús López de 26 años, Manuel Justo Alberdi, de 22; Félix Luz Etxeberria, de 27; y Victor Genua, de 25, otro habitual de la cuadrilla.
—Y carabineros, en cumplimento de su deber: Ángel Braña, Agustín Miguel, Miguel López, Vicente Argote.
—Pero estos no eran todos los fusilados, había una veintena de milicianos. Aunque nunca se sabrán todos los nombres. En Irun combatían ferroviarios madrileños, que les aisló el alzamiento, mineros asturianos, solidarios extranjeros. Y de esos, quién va a saber quién era cada cual, si ni sus propias familias sabían dónde andaban.
Eso contaba Marcelo, eran sus palabras vívidas hace 85 años.
L establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del general Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro Oligarquía financiera y poder político en España, escrito por el exbanquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbys de presión estarían interconectados mediante “una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la unidad indisoluble de España” y su objetivo confeso sería implementar en España una “democracia no liberal” siguiendo la estela de la Hungría de Orbán.
En este contexto, se enmarcaría la reciente campaña emprendida por el PP y Vox (Operación Toga) y que contará con la aquiescencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional para provocar la parálisis legislativa y ejecutiva de la actual mayoría progresista y forzar la convocatoria de nuevas elecciones generales con la esperanza de lograr la mayoría absoluta e implementar una democracia no liberal que beberá de la fuentes del centralismo bonapartitsta y del paternalismo de las dictaduras blandas y estará dotado de la triple enzima tardofranquista (mantenimiento de la unidad indisoluble de España, control estricto de la inmigración y retorno al pensamiento único heteropatriarcal).
El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional) y a pesar de estar en funciones desde 2018, el PP se niega a renovar la cúpula judicial al seguir ostentando la mayoría en dichos Tribunales.
El tardofranquismo judicial tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su presidente Carlos Lesmes como croupier en la ruleta de adjudicación de cargos y procesos judiciales; a los jueces Marchena, Lamela y Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del “clan de los indomables” como sus abnegados peones.
Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del expresidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que, mediante controvertidas decisiones judiciales, intentará paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez.
Así, tras el macrojuicio a los líderes del procés y su posterior entrada en prisión, asistimos al intento de paralizar la concesión de indultos a los líderes del procés mediante un informe del llamado “clan de los indomables” de la Fiscalía del Supremo en el que advertía al Gobierno que “la Constitución prohíbe los indultos generales”. Fracasado el intento de paralizar la concesión de dichos indultos llega el turno de la segunda pata del trípode judicial tardofranquista, el Tribunal de Cuentas que reclama a dichos líderes catalanes la friolera de 5,4 millones de euros por supuestos gastos indebidos en la acción exterior del Govern en el periodo comprendido entre 2011 y 2017.
En el paroxismo de la ofensiva judicial, entra en escena el Tribunal Constitucional devenido en el nuevo muro de contención de la labor legislativa del Parlamento amén de fiscalizador supremo de la gestión del Ejecutivo y cuya última intervención fue declarar inconstitucional la Declaración del Estado de Alarma implementada por el Gobierno Sánchez en marzo de 2020 con una exigua mayoría de 6 a 5. Dicha sentencia supondría desvirtuar la tradicional separación de poderes en una democracia formal al usurpar el TC la labor de control del Parlamento a la gestión del Gobierno que quedará en adelante sometida al albur de la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.
Dicha ofensiva judicial involucionista buscaría convertir al Estado español en un Estado fallido, enconsertado y sometido a los dictados del tardofranquismo judicial, por lo que el Gobierno de Sánchez podría valerse de la doctrina del contrafuero navarro que “faculta al Gobierno para solicitar reparación ante agravios presuntamente cometidos por los Tribunales de Justicia que afecten a las leyes, ordenanzas y libertades acordados por la sociedad a través de su legítima representación parlamentaria”, pero en el fondo subyace la necesidad imperiosa de la renovación de la caduca cúpula judicial controlada por el lobby judicial tardofranquista.
* Analista
