Es tradicional el argumento de la seguridad jurídica como justificación de que los juicios finalicen cuando ya no producen los efectos para los que se acude a los tribunales. Es un oxímoron que las excesivas garantías de la justicia provocan la injusticia. Además, trámites y procesos se han convertido en una manera cínica de retrasar las sentencias, pues los letrados que defienden a los poderosos aprovechan los recovecos de las leyes para retrasar las sentencias, y ello cumpliendo rigurosamente los trámites exigidos. En realidad la ciudadanía percibe una doble categoría en la seguridad jurídica: los acusados en causas normales que son defendidos por letrados que se inician en la profesión. Las sentencias se despachan en serie según otras similares. Pero los delincuentes de prestigio cuentan con el apoyo de letrados que se intuye cual será la sentencia. Si se le juzga de un delito de culpabilidad clara el abogado estrella inicia recursos sin límite, ajustados rigurosamente a las normas legales, a los que el juez debe dedicarse a responder. Mientras, transcurre el tiempo y su cliente permanece en libertad, sin ninguna limitación, pues sus abogados se ocupan de obstruir los juzgados con recursos. El acusado solo tiene que limitarse a pagarles jugosas minutas a cargo de multinacionales o gobiernos a funcionarios de errores en sus actividades profesionales. Como en el caso del juez Llarena denunciado ante un tribunal belga.
