PODRÍA no ser más que una casualidad que la crisis diplomática entre los gobiernos de Madrid y Londres por Gibraltar haya coincidido con las severas críticas que cosecha el presidente Mariano Rajoy tras su intervención ante los grupos del Congreso para expilcar, sin éxito, la relación del Partido Popular con su tesorero durante dos décadas, Luis Bárcenas. Podría no ser más que una casualidad que las apelaciones de ciertos medios de comunicación a las razones históricas que justifican el pulso del Gobierno español coindican con la comparecencia hoy ante el juez de tres secretarios generales del PP presentes y pasados. Pero, en todo caso, lo que sí está ofreciendo el asunto es un placebo con el que el Ejecutivo español se maneja ante la opinión pública de su país como alternativa al monotemático panorama centrado en la severidad de la situación económica y las dudas sobre la fiabilidad pasada y futura de su postura oficial en relación al caso de supuesta financiación irregular.

Al observador no advertido puede resultarle sorprendente encontrar estos días en alguna prensa argumentaciones sobre lo contenido en el Tratado de Utrecht, firmado hace 300 años, y los motivos por los que el Gobierno español está legitimado para mantener el pulso dialéctico y las trabas administrativas a la circulación de acceso al lado gibraltareño de la verja. Curiosamente, el mismo acuerdo entre reyes que hace tres siglos propició la cesión de Gibraltar a la corona británica por parte de la española -y que el devenir de los tiempos ha convertido en entidad administrativa y política autónoma- es el que supuso, a cambio, la laminación de los derechos legales y administrativos del Principado de Catalunya. La historia tiene ciclos amplios, pero muchas veces nos lleva de nuevo al punto de partida y las decisiones impuestas a los pueblos acaban por aflorar.

Gibraltar es al Gobierno de Rajoy atascado en el paro y la sospecha de la corrupción lo que el Peñón de Perejil fue en 2002 para el de José María Aznar tras enviar tropas a Afganistán o soportar una huelga general en respuesta al endurecimiento de acceso a la prestación por desempleo. Una distracción veraniega que anima al porcentaje de opinión pública que sigue la actualidad informativa a orientarse a puntos alternativos en los que fijar la vista.