Una garantía institucional del desarme de ETA

ENTRE las dificultades que afronta el proceso de normalización y pacificación en Euskadi, la del desarme de ETA no es la menor de ellas. La necesidad de contar con una supervisión que permita un ejercicio ordenado y controlado de esa entrega de armas ha venido chocando con los recelos del Gobierno español a implicarse en el mismo para no darle aspecto de bilateralidad.

Sin embargo, la entrega de armas es en sí misma una garantía de liquidación de las estructuras armadas de la organización y, en consecuencia, debería ser un objetivo prioritario. La dificultad está en que las partes interpreten correctamente este hecho: ni puede ser considerado moneda de cambio por parte de ETA para forzar otras situaciones, ni puede esperarse que el hecho se produzca espontáneamente y sin control alguno.

En este contexto, la propuesta del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, de que ETA entregue las armas "ante las instituciones vascas o una representación del País Vasco" no debería caer en saco roto. La alternativa permitiría desatascar una de las claves y lo haría en los términos que ya recogía días atrás la declaración de recomendaciones emitida por el Foro Social auspiciado por Lokarri. Entre ellas, se apela textualmente al "diseño de un mecanismo que ofrezca garantías, tanto a las instituciones como a la sociedad en general" y se encomienda expresamente al ámbito vasco el desarrollo de estos mecanismos cuando sostiene que "la sociedad vasca y sus instituciones puede innovar en el diseño de un proceso de desarme y desmantelamiento".

El análisis del propio coordinador de Lokarri, recogido en la edición de ayer de este periódico, también adquiere perspectiva desde esta interpretación. Cuando Paul Ríos destaca que todos los retos se podrían abordar por parte de las instituciones, los partidos y la ciudadanía vascas incluso sin la colaboración del Gobierno español hace la salvedad de los presos, pero orienta claramente al desatasco del resto.

Existe el riesgo de caer en un bucle interminable en el que el futuro de los presos y el entrega de armas retroalimenten su propio enquistamiento. Una garantía institucional vasca al desarme desharía ese nudo si se convence a ETA de que el tiempo de los pulsos ha pasado.