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Propuestas como la del gobernador del Banco de España, Luis Linde, con un sueldo cercano a los 200.000 euros, de hacer contratos por debajo del salario mínimo de 645 euros alimentan la indignación ciudadana y no contribuyen a generar empleo

EN su informe anual, el Banco de España acostumbra a plantear recomendaciones sobre el mercado laboral y, como ocurre desde hace años con cada uno de sus planteamientos, el sistema de derechos sociales y laborales del Estado de Bienestar tiembla. Recomendaciones sistemáticamente dirigidas en la misma dirección: la desregulación laboral y la pérdida de derechos. Y este año, el actual gobernador de la entidad, Luis María Linde, ha dado una vuelta de tuerca más en las propuestas y defiende hacer contrataciones saltándose líneas rojas en materia laboral como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en el Estado español es de apenas 645 euros. La indignidad democrática de Linde aumenta cuando se sabe el alcance de su salario: ganó 81.320 euros solo entre junio y diciembre de 2012 -una cantidad que se acercará a los 200.000 euros este 2013-, posiblemente el alto funcionario mejor pagado en la estructura del Estado. Consejos vendo y para mí no tengo, que dice el viejo refrán. O cuando se compara el SMI español con el de otros países de la UE: 645 euros, que quedan muy lejos de los 800 euros que prometió en su último mandato Zapatero y que nunca llegaron, o aún más lejos, por ejemplo, de los 1.425 de Francia. El discurso de Linde es un capítulo más de esa gran estafa económica e ideológica que no solo no está logrando evitar el aumento del desempleo, sino que está aprovechando esa dramática coyuntura social para rebajar los salarios y aumentar la ya muy alta precariedad e inestabilidad laboral. La medida solo es un paso más en el empobrecimiento generalizado de la sociedad, que viene de un organismo como el Banco de España que ha sido incapaz de cumplir con sus obligaciones mínimas de control y vigilancia de la deriva a la bancarrota de buena parte de las cajas de ahorro, que ni se enteró de la burbuja inmobiliaria, o que prefirió hacer la vista gorda a las millonarias indemnizaciones que se llevaron directivos de las entidades intervenidas con dinero público como premio a su desastrosa gestión. Linde, quien también se suma al coro de voces que insiste en la necesidad de una rebaja progresiva de las pensiones -la suya estará blindada de antemano, por si acaso-, haría mejor en dedicarse a sus funciones, si es que tiene alguna de mínimo interés general, en lugar de ser portavoz de doctrinas reaccionarias.