¿Era el déficit?

LA confirmación por la Comisión Europea de la relajación de los objetivos del déficit al Estado español para este año (al 6,5% del PIB, frente al 4,5% previsto y el 6,3% solicitado) y la ampliación a 2016 del plazo para rebajar el mismo (al 2,8%) relaja también la tensión económica y presupuestaria aunque tenga mucha menos incidencia en el resultado del global de las políticas económicas comunitarias que, por ejemplo, la apuesta por el empleo juvenil y aunque en la práctica vaya a suponer un lustro más de restricciones y ajustes. Porque, en realidad, lo verdaderamente relevante es que la misma permisividad europea frente a los límites del déficit supone constatar que la obsesión por inclinar la economía con el fin de enderezar el déficit que ha venido marcando las políticas emanadas desde Bruselas pero inspiradas desde Alemania, y de las que Rajoy ha sido un contumaz pero penitente seguidor, no es, no era, en absoluto imprescindible para la recuperación económica. De hecho, la Comisión ni siquiera ha esgrimido la amenaza de sanción al Estado español por incumplimiento -de largo, en 2012 el déficit real llegó al 10% y a cierre de abril ya era un 1% superior al del mismo periodo del pasado año- de los límites marcados y de las promesas realizadas (apenas ha cubierto el 60% de su plan de reformas) aunque, eso sí, vuelve a trasladar la exigencia al ciudadano con una extensa batería de nuevas medidas que van desde la reforma tributaria al adelgazamiento de las administraciones o la reforma de las pensiones. Ello a pesar de que desde los mismos responsables económicos de la Comisión se viene a aceptar ya, por fin y siquiera de manera implícita, que la austeridad tiene un límite que, traspasado, acaba por provocar el efecto contrario al que se pretende. Ahora bien, la pregunta debe ser cuál es el efecto que se pretende. Porque, olvidada la prioridad del control del déficit, lo que subyace es una rotunda incapacidad para hacer frente a la situación y lo que persiste es una reforma conservadora de las estructuras de la UE que, a su vez, exige reformas estructurales en sus Estados miembros, aun a costa de contrariar algunos de los principios sociales sobre los que se constituyó la propia Unión.