La visibilidad de la ética

LA aprobación por el Gobierno vasco del denominado Código Ético y de Conducta que obligará a todos los miembros, altos cargos y personal de confianza del Ejecutivo y de las sociedades públicas constituye una herramienta añadida de control de su actividad y ofrece una pauta para recuperar la confianza de la sociedad, hoy exhausta ante la concatenación de actitudes inadecuadas por parte de aquellos a quienes ha elegido para que le representen. Incluso si dicha sensación es notoriamente menor en Euskadi que en otros ámbitos de su entorno. El código es también una advertencia respecto a comportamientos concretos que incluso sin estar definidos como delito o falta sí contribuyen a la estigmatización de lo público y dificultan el estricto principio de igualdad del ciudadano ante la Administración. Ahora bien, la aprobación no supone más que eso: herramienta, pauta y advertencia. No son las normas sino los principios los que llevan al respeto de los valores que deben regir la actividad de los representantes de los ciudadanos, sean por elección directa o por designación política. La no aceptación de tratos de favor o privilegio, la transparencia informativa, la prevención ante prácticas que den lugar a sospechas de favoritismo, la no aceptación de regalos y lisonjas, la no utilización de títulos que desvirtúan el sentido de servicio... no son, no deberían ser, razón de una norma sino norma intrínseca de las razones que impulsan al político y a los que le rodean en la labor que les ha delegado el ciudadano. Y, por tanto, a esas razones debe sujetarse la continuidad en el cargo. Cierto es que, a veces, es preciso recordar e incluso actualizar los principios inherentes a la democracia, imprescindibles para el buen desarrollo de la misma, con el fin de evitar desviaciones. También que aun así estas se producen, fruto de las debilidades humanas. Pero no tanto por la ausencia de códigos -la ética ni se escribe ni prescribe- como por la laxitud de la propia sociedad, a la que desde su representación pública es preciso dar ejemplo como, por otra parte, sucede en la amplia mayoría de los casos. Que el Gobierno vasco, como hace unos días Eudel, estipule el compromiso individual con ese ejemplo por parte de todos sus componentes es solo la parte visible y más sencilla de la exigencia.