EN la ocupación durante diez días de una zona del Boulevard de Donostia por jóvenes afines a la izquierda aber-tzale que trataban de impedir el cumplimiento de la orden de prisión para ocho militantes de Segi y su desalojo ayer por efectivos de la Ertzaintza para proceder a las detenciones, en una operación proporcionada que no necesitó de medidas antidisturbios o de fuerza, confluyen cuatro ámbitos de responsabilidad que han influido en el desarrollo de los acontecimientos debido a sus distintos grados de cumplimiento. En primer lugar, la responsabilidad que compete al gobierno municipal, cuya permisividad ante la ocupación de un espacio público durante diez días, seguramente por mera afinidad ideológica con los ocupantes, se desentiende de la normativa municipal y desoye los inconvenientes y molestias causadas al resto de los donostiarras por una protesta de la que debe considerarse su aspecto democrático y pacífico pero también sus carencias en el imprescindible civismo y respeto a la pluralidad ciudadana. En segundo lugar, la responsabilidad mostrada por los convocantes de la concentración y los concentrados al limitarse precisamente a la resistencia pacífica, sin permitir esta vez las actitudes violentas que durante décadas han caracterizado a las protestas de ese sector político, en una confirmación de que los largamente esperados nuevos tiempos deben construirse sobre nuevas bases y talantes. En tercer lugar, la responsabilidad policial que responde a la actitud que se pretende en la Ertzaintza y se trasluce de los tiempos empleados para realizar el desalojo, el despliegue de los efectivos necesarios, la utilización del diálogo y el empleo de métodos medidos que, conjugados con la actitud en la protesta, han evitado situaciones indeseadas que solo hubiesen contribuido a alarmar y amedrentar a toda la ciudadanía. Y en cuarto lugar la responsabilidad de los poderes del Estado, llamados a entender que los enjuiciamientos políticos -aunque en este caso se tratara de acusaciones relacionadas con la kale borroka- por pertenencia a determinadas formaciones tampoco forman parte de una proceso de normalización como el que se desarrolla en Euskadi y que tanto desde el Gobierno, es decir, la Fiscalía; como desde la judicatura deben cuando no apoyar sí al menos preservar.