Normalización universitaria

LA constatación por el Departamento de Seguridad de que, tras dieciocho meses sin actividad armada por parte de ETA, la situación de amenaza a la integridad física que se cernía sobre determinadas personas y sectores de la sociedad vasca -entre ellos varios profesores de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea- puede considerarse superada, constatación que se ratifica a través de las indicaciones y decisiones del Ministerio de Interior en ámbitos como el de la protección personal y las escoltas; supone al mismo tiempo la confirmación de una excelente noticia que lleva en la práctica a un nuevo nivel de normalización de la actividad cotidiana en nuestro país. Y, en ese sentido, la comunicación de tal circunstancia por la UPV/EHU a los profesores que abandonaron Euskadi bajo el razonamiento de una amenaza terrorista directa junto al ofrecimiento para que todos ellos vuelvan a ocupar su puesto en la Universidad no es sino consecuencia lógica de esa normalización. También es demostración evidente del respeto a las víctimas de la violencia y/o la presión política -y a la pluralidad ideológica- que se requiere a toda institución pública, más si cabe en el caso universitario como institución con un alto nivel de incidencia en el desarrollo social y motor del futuro a través de las nuevas generaciones. El ofrecimiento realizado por la UPV, por tanto, no solo devuelve lo que la amenaza de la violencia nunca debió arrebatar sino que lo hace consciente de que se ha tratado de compensar esta, en algunos casos con creces, y evita posibles problemas de disparidades, intencionadas comparaciones o incluso, en tiempos de una crisis que afecta también de forma importante a la administración de la Universidad, críticas a la gestión de los recursos que podrían encontrar fundamento en actitudes basadas en una tal vez comprensible precaución pero no siempre suficientemente justificadas. Corresponde ahora al resto del ámbito universitario dar continuidad al paso dado por el equipo de gobierno de la UPV con una actitud abierta y, en el caso de los mismos profesores afectados, el compromiso de no prolongar situaciones que son precisamente todo lo contrario a lo requerido en un proceso de normalización de la convivencia.