EL programa de gobierno para toda la legislatura, el Programa para mil días, presentado ayer por el lehendakari Iñigo Urkullu supone la traslación a la práctica de gobierno del programa electoral con que el PNV logró el triunfo en las últimas elecciones al Parlamento Vasco. Las casi setecientas acciones específicas, aun repartidas en tres grandes bloques -El empleo y las personas; Paz, Derechos Humanos y Convivencia y Nuevo Estatus Político-, componen el eje troncal de una idea: la construcción de un país, Euskadi, que se sobreponga a los actuales condicionantes económicos y a la todavía reciente historia de enfrentamiento para convertirse en ejemplo y referente de un nuevo modelo de sociedad. No en vano los tres bloques son desafíos inseparables uno de otro. Solo desde una situación de paz y convivencia asentadas y desde el respeto a los derechos de todas las personas pueden tejerse las redes internas de complicidad necesarias para cimentar una sociedad justa y solidaria que, sin embargo, precisa al tiempo del impulso económico capaz de generar niveles de bienestar suficiente -comenzando por las posibilidades de empleo- para todos sus componentes. Y ese impulso económico está vinculado directamente a la posibilidad de interrelacionarse de igual a igual en el mercado global, de ofrecerse al mundo con nuestras peculiaridades y características -también de legislación económica propia-, libres de condicionantes ligados a la imagen de la economía del Estado y a los tópicos internacionales sobre ella a través de actualizar, de innovar, el esfuerzo que, durante décadas, ha hecho de Euskadi un referente de contraste, por ejemplo, en el ámbito industrial. Pero, para que eso sea posible sin las cortapisas que ya antes de ahora se han ido presentando -en la mayor parte de las ocasiones por un mero afán uniformizador- desde el Estado, es imprescindible que esa soberanía económica pueda apoyarse en una nueva relación con este, en un nuevo estatus que dé carta de bilateralidad y complete y actualice las posibilidades de autogobierno ya explicitadas en el Estatuto de Gernika, otorgando a la propia sociedad vasca la capacidad de decidir sobre sus intereses socio-económicos, sin menosprecio de los que presente el entorno más cercano.