Gobierno, justicia y legitimidad

LA decisión del Tribunal Constitucional portugués de considerar ilegal la decisión del gobierno de Pedro Passos Coelho de retirar la paga extra de verano a funcionarios y pensionistas así como de rebajar los subsidios de desempleo y enfermedad ha situado al Ejecutivo luso entre la espada de la presión de la troika y la Comisión Europea en el cumplimiento de los objetivos del déficit y la pared de las protestas callejeras ante los continuos recortes que esa contención presupuestaria provoca. Pero también ha abierto un debate sobre la legitimidad del alto tribunal -y en general de la justicia- para cuestionar en base a principios constitucionales (fundamentales o generales, si se prefiere) decisiones soberanas alcanzadas por el Parlamento como representante de la voluntad popular y encargado por esta de legislar. No cabe olvidar que fue el propio parlamento portugués, salido de unas elecciones hace menos de dos años, el que refrendó la medida impulsada por el Ejecutivo de Passos Coelho, tampoco que la misma es parte de la obligada respuesta que Portugal debe dar a la ayuda internacional de 78.000 millones comprometida en 2011 en un acuerdo rubricado por el socialista José Sócrates, entonces primer ministro y hoy contrario a estos recortes; ni que en cualquier caso el país deberá rebajar de sus gastos -en este caso en educación, sanidad, prestaciones sociales...- los 1.350 millones que el Gobierno pretendía obtener de la retirada de la paga extra. Sin embargo, dicho todo esto y sin necesidad de remontarse a la conocida como Ley Habilitante que, aprobada por el Reichstag en 1933 bajo la excusa de la protección del Estado y el pueblo alemán, cercenó derechos fundamentales y permitió la instauración del régimen nazi; cabe preguntarse asimismo hasta qué punto un Ejecutivo y un Parlamento pueden legislar en virtud de una coyuntura concreta en contra de principios, libertades y derechos largamente asentados en la sociedad o pueden hacerlo, aun apoyados en una clara mayoría representativa, pese a la evidente desigualdad de generalizar el perjuicio para beneficio de una minoría social. Conviene tenerlo en cuenta porque el de Portugal, además, no es un caso aislado. Su situación -rondará el 20% de paro este año y cerró 2012 con un déficit del 6,6% del PIB- y la del Estado español no son tan dispares y el Tribunal Constitucional español también debe pronunciarse respecto a una cuestión similar.