LA confirmación por parte del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, de que su Gobierno tratará de consensuar en el Parlamento una reforma del sistema de pensiones a corto plazo, refuerza la idea de que el Ejecutivo socialista ha decidido cargar las consecuencias de su mala gestión durante dos años en quienes no generaron pero soportan las consecuencias de las crisis y, en este caso, sobre aquellos que no sólo han contribuido durante toda su vida laboral a que la sociedad alcance, pese a la situación económica, los actuales niveles de desarrollo sino que además son el sector social más frágil y dependiente como lo demuestra que tres de cada diez mayores de 65 años están en riesgo de pobreza en la Unión Europea. Incluso en el caso de que fuera cierto, como apunta Zapatero, que dentro de quince años el número de pensionistas rondará los cuatro millones y que el 15% de la sociedad estará compuesta por mayores de 65 años; no lo sería menos que todos los cálculos efectuados con anterioridad sobre el colapso del sistema de la Seguridad Social -que a principios de los 90 ya se anunció para el 2000- han venido siendo desmentidos por los hechos. Lo demuestran los propios números presentados por el Ejecutivo español en un periodo temporal mucho más corto: los ochos meses transcurridos desde la realización de las previsiones de superávit a su realidad al cierre del ejercicio del año pasado, con una variación positiva equivalente al 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB), 8.501 millones de euros. La realidad es, también, que los ingresos del Estado por cotizaciones sociales alcanzaron en ese periodo los 106.440 millones de euros mientras que el pago de las pensiones no contributivas y el de las incapacidades ascendía únicamente a 97.217 millones. Todos estos números vienen a rubricar algo que el propio Zapatero no tiene más remedio que admitir, tal y como hizo ayer cuando afirmó que el sistema de pensiones "goza de buena salud a corto plazo" antes de cuestionar su futuro, lo que lleva a preguntarse por los motivos que mueven al Ejecutivo a impulsar la reforma de las jubilaciones de más de 20 millones de trabajadores. Quienes, además, utilizan ese pretendida caducidad del sistema para abogar por el fomento de los fondos de pensiones privados, olvidan que el capital de los mismos se ha multiplicado un 200% en los últimos veinte años y ya supone casi el 9% del PIB y que aquellos países en los que el sistema mixto parece funcionar, incluyen un fondo de capitalización obligatorio en el que participan las empresas, caso de Suecia, la aportación del Estado es muy superior a la de España, como en Dinamarca, o las cotizaciones de los propios trabajadores son mucho más elevadas en función también de unos ingresos medios muy superiores.