RESULTA que no hay crisis. O al menos, no la había a las diez y media de la mañana de ayer, según el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al comienzo de la última reunión de los líderes de la UE bajo la presidencia de turno española. Van Rompuy lo afirmó apenas unos días después de que el comisario de Economía y Asuntos Monetarios de la UE, Olli Rehn, recordara públicamente que veinte de los veintisiete socios europeos tienen abiertos procesos por déficits excesivos. Y minutos antes de que el propio Consejo Europeo aprobara, por un lado, hacer públicos los tests de solvencia de todas y cada una de las entidades bancarias europeas y, por otro, acordara defender en la próxima reunión del G-20 un tasa a los bancos que ayude a sufragar crisis futuras. Es decir, una especie de Tasa Tobin como la que el premio Nobel de Economía, James Tobin, propuso en 1971 tras el fin del sistema de Bretton Woods, que había imperado desde la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas de 1944, y del patrón oro. Desde aquella propuesta de Tobin, que la ONU calculó que aportaría 600.000 millones de euros anuales con un gravamen del 0,1%, han pasado 39 años y numerosas crisis cíclicas. La canciller alemana, Angela Merkel, el primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, y el canciller austríaco, Werner Faymann, acaban de afirmar también que no hay motivos para preocuparse por las finanzas públicas de España, cuando apenas unas semanas antes urgían a que el Estado español acometiera duras reformas y aprobara severas medidas de ajuste ante el riesgo de que la economía española arrastrara a la UE y pusiera en peligro la viabilidad del euro. Hoy, como antes de que el Ejecutivo Zapatero obedeciera, el déficit público del Estado español sigue siendo del 11,2% del PIB, el déficit privado es aún mayor y el desempleo se mantiene en el 20%, pero en palabras de Juncker "España ha presentado un programa de consolidación muy sólido" pese a que el martes la Comisión Europea enmendara los planes de Zapatero y exigiera que el Estado español añadiera 7.500 millones más al recorte de 10.000 millones previsto para 2011. Eso sí, en un mes, el Gobierno español ha congelado o reducido los ingresos de 12 millones de personas -funcionarios y pensionistas-, restringido las inversiones y el gasto social y abaratado el despido; Merkel ha eliminado miles de empleos públicos, Nicolas Sarkozy retrasa la jubilación de los 60 a los 62 años, David Cameron avanza medidas y "sacrificios" similares... pese a que, al parecer, ya no hay crisis. Y no hay una, sino tres: la económica, que sigue ahí al menos para el ciudadano, una incipiente y gravísima crisis social y una gran crisis de confianza en las instituciones. No basta con salvar la viabilidad del euro. Es preciso salvar la credibilidad de Europa.