La primera convocatoria en dieciséis meses del Consejo Asesor del Euskera por parte del Departamento de Cultura del Gobierno vasco que dirige Blanca Urgell se convirtió ayer en la última de una sucesión de imágenes que revelan las verdaderas intenciones del Gobierno que preside Patxi López hacia la lengua vasca, actitud por otra parte reflejada ya en diversos comentarios, más o menos distendidos, realizados en este tiempo por el propio López y en el más que escaso interés que ha demostrado por la buena utilización de los cincuenta mil euros del erario público que dedica a su personal aprendizaje. En primer lugar, que el propio Consejo Asesor sólo haya sido convocado una vez en dieciséis meses y que la siguiente reunión se fijara ayer para el próximo mes de octubre, cuatro más tarde, haciéndola coincidir con el plazo necesario para realizar una profunda reforma de su composición, sólo puede significar que el Gobierno López y el Departamento de Cultura no tienen la menor consideración hacia el actual Consejo y apunta a que pretenderían ejercer un control, que sólo se puede entender político, mediante el relevo de sus miembros aunque éstos hayan acreditado de manera más que suficiente sus conocimientos y compromiso con el desarrollo del euskera en anteriores legislaturas. A ello se une la pretensión de "actualizar las formas" del Plan de Promoción del Uso del Euskera avanzada ayer por el propio López en un discurso que, sin embargo, no aclara ningún aspecto de la política lingüística que pretende impulsar más allá de la alusión a una apuesta por el trilingüismo, apuesta que ya ha sido cuestionada en el ámbito educativo debido al presumible efecto nocivo que tendría en la calidad de la enseñanza del euskera y que desde luego tendría una muy distinta explicación, utilidad y aplicación en el ámbito social. También el hecho de que el partido del Gobierno, el PSE, y su socio preferente, el PP, acaban de unir votos para impedir la aplicación efectiva de la norma que obliga, tras dos años de adaptación, a los grandes comercios a rotular en bilingüe y que ambas formaciones razonan dicha postura en pretendidas pero inexistentes multas cuando en Catalunya el PSC ha apoyado una normativa incluso más estricta. O que sólo los nítidos datos de las matriculaciones -la abrumadora mayoría de padres que eligen el modelo D para sus hijos- han frenado la intención del Departamento de Educación que dirige Isabel Celaá de modificar la enseñanza. Y constatarlo sólo puede llevar a una doble conclusión: Por un lado, que el compromiso del Ejecutivo socialista con el euskera es tan limitado como el de quien lo preside. Por otro, que en su alocada e irracional carrera por normalizar a Euskadi en el Estado eliminado sus señas de identidad son incluso capaces de poner en riesgo el trabajo -y los resultados- de más de tres décadas de recuperación de nuestra lengua.