LA escenificación con que el Gobierno que preside Patxi López, y éste personalmente, ha hecho pública la aprobación del Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia, también conocido como Educación para la Paz, así como su continuada alusión a un pretendido consenso sobre el mismo, no logran encubrir un defecto básico que merma su virtualidad cualesquiera que sean los objetivos, confesados o no, que impulsaron al Ejecutivo a pretender sustituir y finalmente "remodelar" el plan original puesto en marcha por el gabinete anterior: la resistencia de la mayoría de la comunidad educativa a ponerlo en práctica tal como reclama el Departamento de Educación que dirige Isabel Celaá y también la Consejería de Interior que lidera Rodolfo Ares. La mayoría que forman los sindicatos Stee-Eilas, ELA y LAB ya ha criticado el hecho de que la comunidad educativa no haya tenido posibilidad de participar en la elaboración de una materia tan delicada pese a ser quien tendrán que impartirla en las aulas, lo que les ha llevado a afirmar rotundamente que no comparten el plan "ni en la forma ni el fondo" y a advertir de las complicaciones y el debate que va a generar en los centros educativos, debate que precisamente puede lastrar, si no impedir, el desarrollo de una verdadera política educativa basada en criterios pedagógicos -de los que carece el plan- que incentive la cultura de la paz y el respeto a los Derechos Humanos en el alumnado. Es decir, el Gobierno López ha logrado, con un consenso de mínimos y tras provocar una innecesaria polémica, desbrozar sus propias dificultades para la aprobación del plan, pero no ha realizado un sólo movimiento tendente a alcanzar siquiera el mismo exiguo grado de posibilismo en su implantación. Dicho de otro modo, ha sacado un suficiente en teoría pero no se ha esforzado lo imprescindible para no suspender la práctica. Si ello se coteja con los antecedentes de otros proyectos presentados por el Gobierno López con gran aparataje mediático, pero carentes de análisis y del acuerdo previo con centros y profesorado que, como en el caso de Eskola 2.0, han confirmado las carencias que se les presuponían al ser anunciados; y se constata el malestar creado en el sector por los recortes laborales impuestos a través del insuficiente acuerdo con una minoría sindical, el plan puede incluso llegar a abonar precisamente el efecto contrario al que en buena lógica debe perseguir una iniciativa de estas características y generar un cierto grado de conflictividad en la enseñanza vasca. En definitiva, la actitud del Ejecutivo y su afán por pregonar el denominado cambio político podría provocar también en la hasta ahora valorada enseñanza vasca un deterioro que ya se ha comenzado a vislumbrar en otros ámbitos que asimismo han sido seña de identidad de nuestro autogobierno.