El partido que insistió con la paz

Un reportaje de Míriam Vázquez

El PNV ha pulsado casi todas las teclas para acabar con la violencia y solucionar el conflicto político de fondo, desde la Transición y el diálogo en Txiberta, hasta el capítulo final, con Urkullu como facilitador del diálogo entre el Gobierno de Zapatero y la izquierda abertzale para el cese definitivo de ETA en 2011. Ha separado los dos carriles: la paz y el cese de ETA, y la normalización, donde solo los partidos son legítimos para dialogar

El PNV ha percibido a ETA como una dolorosa cicatriz en el rostro de Euskadi: desde una perspectiva humana, por las muertes que ocasionó; económica, por considerar que frenaba el progreso con la extorsión a los empresarios o su actuación en contra de infraestructuras como el TAV; y política, por haber dado el pretexto perfecto para demonizar las reivindicaciones sobre el autogobierno y el derecho a decidir. La trayectoria del PNV está jalonada de intentos de poner fin a la violencia y buscar una solución al conflicto político de fondo. Ha promovido acuerdos en Euskadi y ofrecido su acompañamiento a los sucesivos gobiernos españoles para abrir canales con ETA y propiciar un cese ordenado de la violencia más allá de la vía policial.

Los intentos se remontan a la Transición, al diálogo de Txiberta, y se prolongaron hasta tiempos recientes, para hacer posible el histórico cese definitivo de la violencia en 2011. El ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, asumió el papel de facilitador para propiciar el diálogo. El PNV ha actuado en dos carriles: la pacificación y el abandono de las armas; y la normalización política, con la búsqueda de un acuerdo sobre el conflicto territorial, que existía antes que ETA, y debería ser resuelto solo por los partidos.

Ante las elecciones generales de 1977, las primeras tras la dictadura, se produjo sin éxito el primer intento de unificar a las fuerzas abertzales. ETA había surgido en el franquismo, y estaba en juego la posibilidad de atraerla hacia el nuevo juego democrático. El diálogo arrancó el 24 de abril en un hotel de Txiberta. Telesforo Monzón, exmiembro del PNV que terminó incorporándose a la izquierda abertzale, comenzó a sondear las opciones. Las conversaciones se atascaron por el empeño de ETA y KAS en aclarar antes si había que participar en las elecciones generales. Apostaban por el boicot mientras no se garantizara la amnistía total de los presos. Los jeltzales (Joseba Azkarraga, Gerardo Bujanda, Juan José Pujana y Koldo Amezketa) se inclinaban por participar y estar presentes donde se tomaran decisiones sobre Euskadi. El resto ya es historia. El PNV participó en las elecciones y defendió la recuperación de las instituciones, el autogobierno, el Concierto Económico y un Estatuto de Gernika despreciado por ETA por no abarcar a Nafarroa.

La primera etapa de la democracia estuvo marcada por una fuerte polarización entre la violencia de ETA, y la ejercida por los GAL y grupos de extrema derecha. El conflicto se percibía como una dinámica con dos bandos enfrentados, el Estado español y ETA. El lehendakari Garaikoetxea propuso una Mesa por la Paz en 1983, para que se sentaran las dos partes: los socialistas, al frente del Gobierno español; y la izquierda abertzale. Quería congregar al PNV, HB y el PSOE, pero no prosperó.

El siguiente hito lo marcó el Pacto de Ajuria Enea impulsado por el lehendakari Ardanza. En un contexto marcado por atentados brutales como la bomba de ETA en Hipercor o la casa cuartel de Zaragoza, primaba la idea de aislar a la organización armada y restarle legitimidad para intervenir en política. Se pretendía abocar a la izquierda abertzale a abrazar las vías democráticas dejando claro que los acuerdos políticos solo los podrían firmar los partidos, y apostando por la reinserción. Se ponía en valor el Estatuto de Gernika y se reclamaba al Estado que lo cumpliera. Ardanza propuso el 12 de enero de 1988 ese Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, el Pacto de Ajuria Enea, para dejar claro que el conflicto político no podía “en ningún caso” justificar la violencia. El acuerdo lo firmaron todos los partidos, salvo HB.

El lehendakari revisó después ese planteamiento con el conocido como Plan Ardanza de 1998. Se inspiraba en la experiencia irlandesa, que demostró que el movimiento republicano respondía a los estímulos y al acompañamiento político. Apostó por actuar de manera proactiva, proponiendo un diálogo que desembocara en una perspectiva seductora: que hubiera cambios en el marco jurídico-político, pero matizando que sería HB y no ETA quien estuviera legitimada para dialogar. Pedía decretar previamente un cese de la violencia ilimitado. Pero PP y PSE se negaban a reconocer el conflicto político y cualquier paso en ese sentido les parecía ceder ante ETA.

Este rechazo abrió la puerta a una vía alternativa: los contactos con HB, que en 1997 había enviado una carta a una treintena de organizaciones para analizar el proceso iniciado en Irlanda. Los jeltzales Joseba Egibar, Gorka Agirre y Juan Mari Ollora comprobaron que quería revisar su estrategia, en sus conversaciones con Arnaldo Otegi e Iñigo Iruin. La socialización del sufrimiento se le había vuelto en contra tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que desató una reacción social abrumadora de rechazo hacia ETA. Se alumbró la Declaración de Lizarra, de 23 organizaciones como HB, el PNV y EA. Se reconocía la raíz política del conflicto y se abogaba por resolver las conversaciones en ausencia de toda clase de violencia. Esta experiencia fracasó en medio de fuertes presiones mediáticas en su contra y tensiones entre el Gobierno español del PP y ETA. Finalmente, se rompió la tregua y volvieron los asesinatos.

Más intentos El lehendakari Ibarretxe ahondó en la paz y la normalización. Presentó el Manifiesto del Kursaal, que exigía el fin de la violencia y, por otro lado, dialogar entre los partidos sin exclusiones. Propuso un Nuevo Estatuto y el derecho a decidir, pero el Congreso lo vetó en 2005 sin debatirlo. Ibarretxe asumió un coste personal por las reuniones con Batasuna y fue sentado en el banquillo.

En 2006 llegaría un acuerdo clave entre abertzales y no abertzales en Loiola, pero se frustró por la tutela militar de ETA y el descuelgue de Batasuna, que alegó que el pacto aceptaba la división impuesta por los estados y limitaba la territorialidad con Nafarroa. ETA rompió la tregua con el atentado en la T-4. PNV, Batasuna y PSE habían dado un paso histórico para activar un órgano institucional vasco-navarro y modificar la Constitución española con el objetivo de dar cobertura legal a las decisiones de la ciudadanía vasca. Los protagonistas fueron Josu Jon Imaz e Iñigo Urkullu (PNV); Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia (Batasuna); y Rodolfo Ares y Jesús Eguiguren (PSE).

Todas las oportunidades perdidas terminaron lastrando a la izquierda abertzale y a ETA, abocada al cese unilateral de la violencia. El entonces líder del EBB, Iñigo Urkullu, ejerció de puente entre el Gobierno socialista de Zapatero y Rufi Etxeberria para el cese ordenado de la violencia antes de la victoria del PP de Mariano Rajoy en las generales de noviembre de 2011. Urkullu dialogó con los agentes internacionales que querían ofrecer una percha a ETA para que colgara su anuncio de cese de definitivo en la conferencia de Aiete. El PNV también acudió al acto de Kanbo para la disolución final.

PNV Herriarekin

Joseba Egibar Artola
Presidente del Gipuzko Buru Batzar y portavoz parlamentario de EAJ-PNV

El PNV se fundó hace 125 años “como una herramienta para conseguir la supervivencia del pueblo vasco a través de la construcción de un proyecto político propio: Euskadi”. Surgió tras la abolición foral de 1876 y Sabino Arana no creó un partido foral, foralista o autonomista: creó el Partido Nacionalista Vasco. La propia existencia del PNV constituye la constatación de la pervivencia de un conflicto histórico de naturaleza política no resuelto.

La ideología del PNV se sustenta en tres grandes pilares: el reconocimiento de la existencia del pueblo vasco y su derecho a decidir para ser dueño de sí mismo; la profunda creencia en los valores democráticos; y la acción política basada en la justicia social. Un pueblo libre, con hombres y mujeres libres.

Fiel a esa ideología y a su fin fundacional, en su trayectoria, el PNV ha ido adoptando decisiones estratégicas que incluían objetivos y metas en la doble vertiente de la construcción social y la nacional, con el necesario equilibrio entre ambas y sobre la base de acuerdos política y socialmente mayoritarios.

Bajo ese esquema, en las últimas décadas han sido múltiples las decisiones estratégicas que, con el aval de la ciudadanía vasca, han guiado la actuación del PNV: la de coadyuvar a consolidar un sistema de libertades en el Estado para dar cierre a la dictadura, la apuesta inequívoca por vías exclusivamente políticas y democráticas, la aprobación del Estatuto de Gernika, el impulso del nuevo Estatuto Político y de la Ley de Consulta, el apoyo a los distintos intentos y procesos de pacificación, el impulso del euskera y la cultura vasca, la apuesta por las políticas públicas y por una fiscalidad guiada por principios de igualdad, progresividad y equidad…

Y, ahora, para seguir avanzando en nuestro proceso de emancipación social y nacional, necesitamos abordar cuestiones tales como el sistema de libertades y la profundización democrática en el modelo territorial del Estado, la actualización de la voluntad política del sujeto de decisión que constituye el pueblo vasco mediante la conjugación del principio democrático y del de legalidad, o la construcción europea y su ampliación desde dentro. Todas ellas son cuestiones de alcance estratégico que requerirán la máxima dedicación y liderazgo por parte del PNV.

Para afrontar el futuro de nuestro pueblo con garantías, resulta clave superar por vías democráticas la exclusividad que se ha atribuido el Estado español para determinar las condiciones de relación política, económica, cultural y lingüística de las comunidades, regiones y naciones existentes en el seno de unas fronteras con prescripción de extinción, reservándose ese mismo Estado el uso de la intervención militar para hacer cumplir dichas condiciones. Ese es el terreno de juego político. El Estado español es, al mismo tiempo, la institución que nos niega la soberanía que nos pertenece como nación y el espacio político donde debemos conquistar nuestra libertad nacional.

Quien dice interesadamente que la exigencia de la condición de Estado de las naciones vasca y catalana es una opción trasnochada y del pasado sabe que el Estado español y el francés no van a renunciar unilateralmente a su condición de Estado soberano. Desde ese convencimiento, el PNV plantea en sus ponencias políticas cómo superar ese escenario.

Defendemos que los pueblos y naciones con reconocimiento jurídico y político deben poder participar en pie de igualdad con los actuales estados en la construcción de una Europa realmente democrática, que respete y ampare los derechos nacionales, sociales, culturales y lingüísticos de dichas naciones y pueblos, porque, además de constituir realidades políticas con un alto sentido de pertenencia colectiva, son anteriores a los propios estados y aportan auténtico basamento democrático y social al proceso de construcción europea.

Si la interdependencia, tal y como reiteran los estados, es condición de independencia y las fronteras estatales tienen vocación de extinción, ¿dónde está el problema para el reconocimiento real y efectivo de Euskadi como sujeto jurídico y político? Desde el reconocimiento de la identidad y el carácter nacional del pueblo vasco y la posibilidad de establecer vínculos y de formalizar relaciones político-institucionales con Nafarroa y los territorios vascos de Iparralde, hoy, y en lo que se refiere a las y los vascos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, la actual situación exige más que nunca un nuevo modelo de relación política con España. Un modelo de relación basado en la solidez, la seguridad y el reconocimiento mutuo, frente a la debilidad, la incertidumbre y la subordinación actuales. Se requiere una nueva relación política de naturaleza confederal, a través de un vínculo con anclaje legal en los derechos históricos del pueblo vasco y fundamentado en la libre y democrática decisión de los vascos y vascas. Esa es la próxima meta en nuestro camino hacia el objetivo final: la consolidación de Euskadi como proyecto político pleno y soberano.