Recorte del Estatut: el origen del divorcio

ayer se cumplieron diez años de la polémica sentencia del constitucional que cepilló el texto votado en el congreso y avalado por los catalanes en referéndum

29.06.2020 | 00:32
Catalunya salió a la calle tras la sentencia del Constitucional para protestar por el tijeretazo.

Puede ser que la crisis sanitaria del coronavirus haya eclipsado otras reivindicaciones y haya contribuido a poner sordina al proceso soberanista catalán, pero el pulso para buscar una solución política al encaje en el Estado continúa latente, y para comprender esa desafección hacia España basta con recurrir a una sentencia del Tribunal Constitucional de la que ayer se cumplieron diez años. Parecía que Catalunya y el Estado habían dado con la tecla para la convivencia en el Estatut de 2006, pactado y aprobado en el Congreso de los Diputados, y sometido a referéndum entre la población catalana. Se cumplió la ley escrupulosamente en el procedimiento y había pacto con el Estado. El Estatut, impulsado durante el mandato del president Pasqual Maragall, fue sin embargo recortado por el Constitucional tras ser recurrido por el PP. En una sentencia en 2010 que cayó como una bomba en Catalunya y como una injerencia en la política, redujo el término nación a un simbolismo sin valor jurídico, como mero elemento decorativo, y recortó las pretensiones de tener un poder judicial propio, que la lengua catalana fuera preferente en la administración, y las competencias fiscales se ampliaran. Cundió entonces la sensación de que no cabía una solución dialogada para un nuevo encaje con España, ante un presidente José Luis Rodríguez Zapatero incapaz de reconducir el descontento más allá de su alusión genérica a recuperar el pacto.

El cepillado del Estatut a pesar de que contaba con el aval del Parlament, el Congreso español y la propia ciudadanía del territorio a través de referéndum desembocó en manifestaciones multitudinarias y, ya en 2012, llegaba el golpe de gracia: el entonces president Artur Mas proponía un pacto fiscal al presidente español, Mariano Rajoy, para mejorar la financiación catalana, una oferta que terminó con otro portazo. En ese momento quedó la sensación de que era imposible buscar el encaje en España y se apostó por el referéndum de independencia, reivindicación que heredó Carles Puigdemont hasta las consecuencias penales ya conocidas.

Torra justifica la desobedienciaEn ese contexto, el president Torra defendió ayer la desobediencia pacífica ante las decisiones unilaterales del Estado. "La sentencia rompía un pacto que nos habían dado desde la Transición y desde la democracia", dijo en Lleida, para añadir que ese fallo fue "acto unilateral por parte del Estado español". "Desde entonces sabemos una cosa: que la independencia de Catalunya es irreversible y que no debemos renunciar a nada que de manera pacífica, democrática y, cuando sea necesario, desobedeciendo de forma no violenta".

También respondió en un tuit al expresidente Zapatero, quien en una entrevista de El Periódico ha defendido que, cuando dijo que apoyaría el Estatut, "podría haber añadido y quitaré todo lo que sea inconstitucional". Además, Zapatero quitó hierro a lo sucedido asegurando que la sentencia podría haber sido peor. Torra respondió ayer. "Dos conclusiones: el menosprecio a la voluntad del pueblo de Catalunya y la inutilidad de un diálogo con el Estado con el límite constitucional", lanzó.

Artur Mas, por su parte, pronunció ayer unas declaraciones polémicas al asegurar que, "para un independentista puro", la sentencia fue "una bendición", y que en Madrid no se vio la fuerza que dio al soberanismo, según dijo en el citado periódico. "Si se hubiera mantenido el Estatut que se pactó y que el pueblo catalán refrendó y se hubiera aplicado con toda su potencialidad, estoy seguro de que el movimiento independentista no es que hubiera desaparecido de Catalunya, pero no hubiera cogido la fuerza que ha cogido", dice.