El reto demográfico y el déficit público ponen en jaque la viabilidad de las pensiones en el Estado

El sistema de pensiones español atraviesa una etapa de transformación marcada por el reto demográfico, el refuerzo de la financiación y la previsión social complementaria para garantizar rentas adecuadas en la jubilación. En este contexto, KPMG Abogados ha presentado esta mañana las conclusiones de la IX edición del Estudio anual sobre la situación de las pensiones en España, correspondiente al año 2025.

El análisis, basado en una muestra de empresas representativa del tejido empresarial español, se centra en el papel de la comunicación, la transparencia y la educación financiera, analizando las últimas reformas y su impacto en la sostenibilidad del modelo.

Así, el documento pone de manifiesto que, aunque el sistema público seguirá siendo el principal pilar de protección, existen importantes desafíos estructurales que requieren de una visión estratégica y coordinada a medio y largo plazo.

Previsión social empresarial

En un escenario en el que el modelo actualno podrá garantizar por sí solo niveles adecuados y estables de renta en la jubilación, solo el 27% de las empresas dispone de algún sistema de este tipo para la plantilla y con una implantación muy desigual por sectores, por lo que la previsión social empresarial se consolida como una necesidad estructural.

Así, del total de empresas que cuentan con planes de jubilación, el 34% ofrece más de un plan. Por sectores, el financiero lidera la implantación de estos sistemas, con una cobertura del 61,8%, seguido del energético (43,3%) y de los sectores químico y farmacéutico (36,7%). En el extremo contrario se sitúan transporte y logística e industria, donde la presencia de estos planes apenas alcanza el 16,6% y el 16,8%, respectivamente.

Por otro lado, el Estado ofrece una de las tasas de reemplazo más altas de la OCDE (80%) pero su sostenibilidad futura está en riesgo debido al envejecimiento de la población, el incremento del gasto en pensiones y un déficit financiado con deuda pública. Por esto, para el año 2050 el documento proyecta que el gasto en pensiones alcanzará el 17% del PIB, uno de los niveles más elevados de Europa. 

Nuevos mecanismos e impuestos

Por su parte, las recientes reformas han aumentado la recaudación pública mediante nuevos mecanismos e impuestos, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional o la cuota de solidaridad. Sin embargo, no resultan suficientes para contrarrestar la presión demográfica ni el aumento del gasto a largo plazo.

Así, los ingresos se ven superado por la revalorización de las pensiones con el IPC, una mayor longevidad y las jubilaciones más costosas de las nuevas generaciones. En este sentido, el informe recoge que el mercado laboral prioriza cada vez más los planes de pensiones de aportación definida, aunque el ahorro acumulado sigue siendo insuficiente.

Las empresas invierten de media un 3,6% del salario de sus empleados en estos planes, un esfuerzo que resulta escaso para evitar la pérdida de poder adquisitivo al jubilarse, y que afecta principalmente a quienes tienen sueldos altos o carreras laborales extensas.

Además, más de la mitad de las empresas planea implementar medidas de jubilación a corto o medio plazo, reduciéndose el porcentaje de empresas que descartan realizar aportaciones. Sin embargo, tal y como recoge el texto, exigen opciones sostenibles y flexibles que protejan sus presupuestos, priorizando fórmulas como aportaciones vinculadas a resultados, sistemas combinadosempresa‑empleado y planes de retribución flexible.

Plan de jubilación bien valorado

Por su parte, el plan de jubilación se consolida como uno de los beneficios sociales mejor valorados por las personas trabajadoras tras el seguro médico, a la vez que aumenta de forma significativa la preocupación de los empleados por su jubilación futura.

Por otro lado, y aunque mejora el conocimiento sobre la edad legal de jubilación, persisten déficits de nociones sobre el funcionamiento del sistema, sobre todo en relación a las penalizaciones por jubilación anticipada, los incentivos a la jubilación demorada o el impacto de la base de cotización.

Aunque mejora el conocimiento sobre la edad legal de jubilación, el documento apunta a que más del 50% de los encuestados sigue percibiendo el sistema como poco transparente.

Por último, el informe resalta cómo la evolución del marco normativo y de mercado - por los cambios acumulados en materia de incentivos, límites de aportación, modalidades de jubilación y nuevos productos sectoriales - está reforzando la conveniencia de revisar y ajustar periódicamente los sistemas de previsión social existentes.

En este contexto, el documento señala la relevancia de que las empresas realicen ejercicios periódicos de revisión y ajuste de sus sistemas para asegurar su coherencia con los objetivos retributivos, el marco regulatorio vigente y las mejores prácticas de mercado.

2.400 millones para las pensiones

Por otra parte, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, presentará este martes en el Congreso el informe de la Cuenta General del Estado de 2024 que detectó que el Gobierno español tuvo que recurrir a casi 2.400 millones de euros de créditos sobrantes de los fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de un proyecto actualizado de presupuestos.

En concreto, la presentación de dicho informe tendrá lugar ante la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde los grupos parlamentarios podrán intercambiar sus opiniones sobre el citado documento.