La reducción de la jornada, la gran promesa que se cae de la agenda laboral

El pasado 6 de mayo, se cumplía un año de la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales sin reducción de salario. La medida, considerada el proyecto 'estrella' de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para la pasada legislatura, fue fruto del acuerdo entre el Ministerio y los sindicatos CCOO y UGT.

Por su parte, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme quedaron fuera del pacto al entender que se trataba de una materia que debía fijarse por negociación colectiva. La vicepresidenta afirmó entonces que el ejecutivo "había cumplido" y que había aprobado la norma, sobre la que "no había vuelta atrás". 

Meses más tarde, el 10 de septiembre de 2025, la iniciativa, que también contemplaba la regulación de aspectos clave en materia laboral como el registro de jornada o el derecho a la desconexión digital, quedó retirada del trámite parlamentario, al rechazarse en el Congreso por la mayoría absoluta de PP, Vox y Junts.

La reducción fuera del Plan Anual

Tras este varapalo para el ministerio de Díaz, el Plan Anual Normativo 2026 del Gobierno español - documento oficial que recoge todas las leyes y reales decretos que los ministerios prevén elevar al Consejo de Ministros para su aprobación durante el año natural - no contempla para este ejercicio la reducción de la jornada laboral aunque el documento sí recoge la tramitación de un Real Decreto para garantizar un sistema de registro de jornada eficaz, presidido por los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Según Jon Bernat Zubiri, doctor en economía por la Universidad de Grenoble y profesor de la Facultad de Relaciones Laborales de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), este rechazo constituyó una "derrota para el movimiento popular en general", al no conseguir sacar adelante la medida por la "compleja aritmética parlamentaria del congreso español".

El experto, en colaboración con la profesora Verónica Castrillón,ha realizado durante la última década varias investigaciones en esta materia, concluyendo que, en términos de costes, la reducción de la jornada a 37,5 horas resulta baratísima.

"Nuestra tesis era que esta reforma era leve y pequeña; además de prácticamente nula en el caso de Euskadi, donde la jornada laboral media a tiempo completo pactada por convenio ronda entre las 37,5 y 38,5 horas. En el caso del Estado español, es de 38,2 a 38,4 horas, por lo que la reducción es menos de una hora a la semana de media en el conjunto de los trabajos asalariados”.

Una medida "muy barata"

Según sus cálculos, el impacto en el caso de la creación de nuevo empleo llevaría aparejado un coste para las empresas de entre 4.000 y 7.000 millones de euros como máximo, un importe muy pequeño que contrasta con el discurso tremendista, de la patronal tanto española como vasca, cuando "de facto, se trata de una política bastante barata", añade.

"Han llegado a estimar como si de todas las horas liberadas se fuese a crear nuevo empleo pero, en el caso de una persona que trabaja 38 horas, si se reduce su jornada a 37,5, es evidente que no se puede agregar ese tiempo a la creación de nuevos puestos de trabajo; no sucede así en el mundo laboral. En el caso de grandes empresas, se podrían producir algunas contrataciones que, a su vez, podrían ser compensadas con algún tipo de incentivo económico por si tienen que organizar el tiempo de trabajo", explica.

En lo que respecta a empleos más presenciales, donde las jornadas son mas largas o que funcionan por objetivos, el académico aclara que sí podría existir un riesgo de intensificación del trabajo pero de facto tampoco tendría ningún coste asociado. Por ejemplo, en sectores como el comercio, la hostelería o la construcción, sí que podría producirse un cierto gasto derivado de nuevas contrataciones pero sería bastante pequeño y, sobre todo, podría ser compensado, una visión que "no ha sido compartida poralgunos sindicatos, contrarios a las ayudas a las empresas", añade.

Sin debate público ni riguroso

Así, y frente a un discurso promovido desde el ámbito empresarial y financiero de que la medida resulta muy cara -con unas estimaciones de costes totalmente "acientíficas" que llegaron a alcanzar los 18.000 millones de euros -, el experto defiende el impacto positivo de la reducción de la jornada sobre la vida de las personas,en términos de conciliación laboral y, sobre todo, para aquellos trabajos más precarios.

"Se trata de una política de igualdad entre hombres y mujeres precisamente porque trabajar menos nos da a todas las personas más tiempo para cuidar y también porque supone una subida de sueldos de las tantas mujeres que trabajan a tiempo parcial - el 27% frente al 6% de los hombres en el caso vasco -. Es una política de revalorización de salarios que beneficia a quien menos cobra;en particular, a este colectivo".

Asimismo, el profesor también se muestra a favor de las subvenciones a las empresas para nuevas contrataciones, fruto de la reducción de la jornada, con cálculos que indican que dos tercios del nuevo empleo resultarían en retornos fiscales, además de ahorros en consumo y nuevos ingresos por parte de las administraciones públicas.

"El Gobierno español ahorraría en prestaciones sociales y de desempleo, además de la estimación de gasto por consumo". Según el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), en torno al 15% de la renta de la ciudadanía se destina de media al consumo. En este sentido, también se producirían recaudaciones por IVA e IRPF, al "pasar de una renta baja o nula, a una normal o de salario medio",lo que, a su vez,redundaría en un aumento de las cotizaciones.

"Otro elemento que tampoco se ha introducido en el debate y que nosotros hemos defendido en muchos foros es la incentivación para ir más allá de las 37,5 horas. Se trata de una políticamuy escasa en términos de muy poca reducción para la mayoría de la población. Se puede impulsar que quien reduzca a 35, 34 o 32 horas reciba una importante subvención de apoyo para la contratación", defiende Bernat.

En este aspecto, ha habido estudios de impacto no publicados por parte del Ministerio y también artículos académicos y en prensa que apuntan en esta dirección. Sin embargo, "en el debate público, ha ganado la idea de que iba a ser una reforma muy costosa sin que haya habido realmente un contraste de opiniones riguroso ni serio al respecto", concluye el profesor.