Uno de los asistentes a la asamblea general del Montepío del IMQ, alineado en el bloque del fondo de pensiones, minimizó ayer el tono de la reunión: “Para quien ha estado en muchas juntas, no es raro este nivel de enfrentamiento, cada uno defiende lo suyo”.Lo cierto es que es difícil recordar un encuentro de accionistas de una empresa tan espinoso, con tan poco espacio para sentar unas bases mínimas que allanen el camino para el acuerdo. Los asociados y asesores ligados al sector oficial del IMQ acudieron a la cita con la precaución de quien cae al otro lado de la primera línea de fuego enemiga. El Montepío aceptó el enfrentamiento y, aunque soltó las riendas en cuestiones como las intervenciones -que se convirtieron en constantes interrupciones- de los críticos, marcó territorio con las reglas de la asamblea.

El cruce de reproches fue constante. Sin embargo, si alguien traspasó los límites de la corrección fue el equipo de Beatriz Astigarraga, visiblemente fuera de lugar por lo que consideraban un pucherazo, pero con poca cintura para mantener la compostura. Todo lo contrario que el resto de asociados del Montepío, que permanecieron en silencio en medio de los abucheos o aplausos del otro sector.

Uno de los momentos más tensos de la reunión fue una de las intervenciones del director general del Montepío, Pablo Vidal, que fue cesado como responsable del Departamento Financiero del Igualatorio. Tras rebatir una de sus afirmaciones, un accionista puso en tela de juicio que siga de alguna forma ligado al IMQ -fue contratado más tarde por el fondo de pensiones- y le conminó a irse y de la compañía y a callarse “de una (...) vez”. Vidal le pidió a su vez que se callará “ya” después de haber tomado la palabra en varias ocasiones. Otros accionistas alineados con la dirección del IMQ mantuvieron un pulso constante.

También hubo advertencias para el resto del consejo del Montepío. “Todavía estáis a tiempo de evitar meteros en un lío”, afirmaron en varias ocasiones desde el equipo de Astigarraga, que intentó primero que los votos anulados se contabilizaran a la espera de que se resuelva su procedencia y después que se aplazara la junta a septiembre.

El fondo de pensiones anunció que contratará un perito para determinar si las delegaciones anuladas son falsas y, de ser así, se querellará contra los accionistas que las presentaron. Los frentes judiciales asoman en ambas direcciones. Volviendo al asistente que estima que el enfrentamiento no es tan fuerte como se percibe, en su opinión la dirección del Igualatorio intentó ayer “reventar” la asamblea del Montepío para posicionarse y pedir la intervención de la EPSV por parte del Gobierno vasco: “Si fracasa como creemos, se tendrá que sentar a hablar”.