Zalla - Una partida de 100.000 euros susceptibles de ampliación si fuera necesario es la inversión con cargo al presupuesto de 2020 que el Ayuntamiento de Zalla dedicará al estudio que evaluará la calidad del aire en el municipio. Así lo confirmó el alcalde, Juanra Urkijo, durante el pleno correspondiente al mes de enero a una semana de la manifestación ciudadana convocada para el 25 de enero en Aranguren en relación a las emisiones de la planta de biomasa. Emisiones que se han reducido en un 60% en el último año tras las renovaciones acometidas y se mantienen por debajo de los baremos que exige la Unión Europea, según la empresa.

Durante el debate de una moción presentada por Zalla Bai que solicitaba la adhesión a la movilización, el regidor explicó que el futuro informe permitirá "aclarar la situación actual, cerrar cualquier duda existente, aportar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía" y adoptar medidas en caso de que se detecten anomalías. El análisis registrará distintas variables que se estudiarán junto a los que recoge la estación de medición de la localidad, los que indican los organismos competentes en garantizar la salud en un territorio, según precisan desde el Consistorio. Los datos recopilados hasta la fecha por el departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco consideran que la calidad del aire en Zalla es "buena o aceptable". "A día de hoy, son los únicos datos concretos y específicos y miden los parámetros contemplados en la legislación vigente en Europa para valorar la salud medioambiental en un territorio", incidió el alcalde , quien realizó "un llamamiento a la calma y a la no frivolización con la que algunos partidos están tratando los datos, sin importarles las consecuencias que la alarma social que pretenden crear pudiera tener en nuestro pueblo". La moción recibió el respaldo de Zalla Bai y EH Bildu y los votos contrarios del equipo de gobierno compuesto por el PNV y el PSE.

La oposición sostiene que la planta de biomasa de Glefaran es la más próxima del Estado a núcleos habitados, que las actuaciones correctoras implementadas desde su puesta en marcha en 2016 por la presión social no evitan picos de contaminación y que las mediciones no incluyen los componentes asociados a la quema de masa forestal.