Más de 50.000 bilbainos y 1.600 comercios estarán dentro de la zona de tráfico limitado

Por el momento hay pocas certezas respecto al modelo que se establecerá en una de las áreas con más movimiento comercial de la villa. Una es la fecha; todos los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que disponer de una zona acotada de bajas emisiones, o ZBE, por sus siglas, como muy tarde el 1 de enero de 2023.

Otra, la localización. La zona elegida es el distrito de Abando, que comprende los barrios del mismo nombre e Indautxu, el espacio entre El Ensanche, Autonomía y Moyúa. Y otro, el modelo, más parecido al que rige en Barcelona, que por ejemplo solo está operativo de 7.00 a 22.00 horas, que al finalmente suspendido de Madrid. El entonces concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, adelantaba el año pasado que el área trabajaba en una ordenanza "flexible".

A partir de ahí, el área que ahora encabeza Nora Abete todavía mantiene abiertas prácticamente todas las opciones. Eso sí, ha puesto el acelerador para poder llegar en fecha que marca la ley y evitar que la Justicia tumbe las medidas que finalmente se pongan en marcha.

Para ello, va a elaborar un estudio que permita afinar en el modelo que finalmente se establezca, que dependerá en todo caso de la caracterización ambiental de los vehículos con los que se quiera acceder al espacio, en el que con total seguridad desaparecerán los vehículos de más de veinte años. Entre las opciones que se barajan están la de solo permitir la circulación y entrada de vehículos que tengan el distintivo ambiental en la zona de bajas emisiones, con lo que quedaría vetada la entrada de turismos de gasolina anteriores a 2001 y a 2006 en el caso de los diésel. Otra de las opciones que se barajan, es que solo puedan hacerlo aquellos que tengan etiquetas azules (0 emisiones) o eco, los más eficientes y que dejaría fuera todos los vehículos de gasolina o diésel, pero sí permitir circular a los vecinos que tengan al menos una etiqueta C, de gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel desde 2015. Prácticamente todas las opciones están todavía sobre la mesa, incluso las de una puesta en marcha escalonada de la zona de bajas emisiones o plantear excepciones en las restricciones que finalmente se adopten. El Ayuntamiento también baraja que los propios colectivos afectados por las limitaciones puedan tomar parte en el diseño de las medidas específicas de funcionamiento.

El estudio analizará qué tipo de vehículos son los que más contaminan y cuáles son los colectivos sociales que pueden verse afectados por la medida, de manera que se diseñe el mejor modelo para reducir lo máximo posible la contaminación atmosférica minimizando las molestias a los sectores más afectados. El Ayuntamiento quiere así evitar encontrarse en una situación similar a la de Barcelona, cuya ordenanza ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al entender que las restricciones que establece son desproporcionadas, que no cuentan con informes que las avalen y que se exceden en el ámbito de aplicación y en el tipo de vehículos excluidos. La zona de bajas emisiones sigue funcionando en la ciudad condal, ya que el Ayuntamiento de Ada Colau ha recurrido ante el Supremo la sentencia, pero ha supuesto un varapalo tan grande que hasta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado que elaborará un real decreto con los requisitos mínimos que deben cumplir estos espacios de tráfico restringido.

Por ello, el estudio analizará en detalle cuántos vehículos circulan por Bilbao -cuáles son de los propios vecinos y cuáles de habitantes de otros municipios-, de qué tipo son en base a su eficiencia energética y cuál es su contribución a la contaminación atmosférica.

IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO

También se abordará el impacto social que tendrá la medida que finalmente se adopte, analizando qué colectivos pueden verse más afectados. Así, se detallarán qué consecuencias positivas y negativas tendrá la medida en diversos colectivos, en función del grupo socioeconómico al que pertenezcan, las actividades económicas que llevan a cabo -por ejemplo, su impacto entre los comerciantes-, o su localización geográfica. Además, se tendrá en cuenta el grado de aceptación de la ciudadanía sobre este modelo, analizando su opinión sobre la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones.

Finalmente, el estudio medirá el impacto que la ZBE va a tener en la mejora de la contaminación atmosférica. Para ello, entre otros, se identificarán contaminantes como NOx, CO o las partículas PM 10, se analizarán el impacto de la contaminación atmosférica del distrito de Abando en relación al conjunto de Bilbao, o la aportación de los diferentes colectivos, clasificados por actividades y localización geográfica, a la contaminación de esta zona de la villa.

El estudio, que costará casi 85.000 euros, estará financiado por los fondos Next Generation de la UE y se prolongará durante cuatro meses.