Casi un año después del derrumbe del vertedero de Zaldibar en el que murieron dos trabajadores -uno de cuyos cadáveres no ha sido recuperado-, las dudas sobre la actividad de Verter Recycling van despejándose. Esta vez, después de que el Gobierno vasco haya resuelto que la empresa es responsable de los daños “significativos” ocasionados en el suelo y las aguas de la zona donde se situaba la instalación, colapsada el 6 de febrero de 2020.
Los juzgados aún tendrán que pronunciarse sobre las distintas causas que mantiene abiertas la operadora de esta escombrera por posibles delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores, y por otro supuesto delito contra el medio ambiente. Pero hasta que los respectivos procesos judiciales tomen velocidad, la empresa tendrá que dar respuesta a los requerimientos y expedientes administrativos abiertos por el Ejecutivo vasco.
En esta ocasión, en concreto, tendrán un plazo de 10 días -con un margen de cinco días más- para presentar el proyecto que contemple todas las medidas necesarias para revertir los “daños significativos” -tal y como los ha calificado el equipo técnico del Departamento de Medio Ambiente- que se han producido en las aguas superficiales y subterráneas y en el suelo por el derrumbe del vertedero, en el que fallecieron Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, cuyo cuerpo no ha sido recuperado.
En concreto, este último expediente del Gobierno vasco atribuye a Verter la responsabilidad ambiental de los daños causados por el derrumbe. En las aguas subterráneas se han detectado varios análisis que superan las normas de calidad. Y las aguas superficiales “han sufrido un efecto desfavorable de su estado ecológico” en un tramo de la regata Beko-Aixola de una longitud de al menos 300 metros “y aún tras las actuaciones de recogida de lixiviados ya realizadas se registran concentraciones de benzo(a)pireno y fluoranteno en la regata Aixola aguas abajo del deslizamiento, que superan los límites establecidos por la normativa”.
En el suelo, debido a la ruptura de la celda de residuos de amianto, se han detectado desechos de carácter peligroso sobre la superficie no impermeabilizada del vertedero, lo que impide emitir una declaración de calidad del suelo que permita cualquier uso en los términos contemplados en la normativa de prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Este expediente validado por el Gobierno vasco viene a corregir los escritos presentados con anterioridad por la empresa que gestionaba la planta. El Informe de Significatividad del daño ambiental generado tras el deslizamiento del vertedero que Verter Recycling presentó en junio ya requirió de “algunas subsanaciones”, indicaban desde el Departamento de Medio Ambiente.
Informe rechazado
Y este pasado 11 de noviembre la firma presentó un informe que concluía que “no hay daños significativos sobre las especies silvestres y hábitat protegidos ni sobre las aguas superficiales”, reconocía daños significativos sobre las aguas subterráneas y valoraba que “no se ha podido determinar si hay daños sobre el suelo porque no se pueden realizar las correspondientes investigaciones de la calidad del suelo.”
Estas afirmaciones han sido cuestionadas por el Gobierno vasco, que atribuye a Verter Recycling la responsabilidad de los daños ambientales y el deber de reparación. Por ello exige a la empresa que “proceda a la adopción de las medidas de prevención o de evitación de nuevos daños”, tal y como se ha venido reclamando hasta ahora, apostillaban desde el Departamento de dirige Arantxa Tapia.
