El Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia intercambiarán datos de manera telemática para simplificar los trámites administrativos a los ciudadanos que ya no tendrán que "peregrinar" entre instituciones para presentar documentos en papel que ya estén poder de las administraciones públicas.
El Consejo de Gobierno vasco ha dado luz verde este martes a un convenio de colaboración con la Diputación de Bizkaia que permitirá "ahorrar costes y espacios" al dejar de emitirse documentos en papel, reducir la carga de trabajo al agilizarse la carga de datos y mejorar la calidad de la información al eliminarse posibles errores en la introducción de datos.
A partir de ahora los vizcainos tendrán las mismas comodidades en su relación con las administraciones que los alaveses y los guipuzcoanos, cuyas respectivas diputaciones ya acordaron en diciembre de 2018 compartir información con el Ejecutivo vasco, ha informado el Gobierno en una nota.
Con este convenio la Diputación Foral de Bizkaia se suma a la red de plataformas vascas como Euskal Sarea (red de comunicaciones de las administraciones públicas), Izenpe (firma electrónica), Nisae (nodo de interoperabilidad de las instituciones) y la pasarela de pagos.
El año pasado las instituciones vascas realizaron 11.950.131 transmisiones telemáticas de datos, lo que prácticamente duplicó los intercambios de 2017. Estas cifras sitúan a Euskadi "a la cabeza de intercambio de información online entre administraciones públicas en el Estado" y supone "importantes ahorros de recursos públicos".
Los trámites que más intercambios de documentación suponen son la RGI, las pruebas libres en las Escuelas Oficiales de idiomas, las becas de educación, las ayudas para la escolarización de estudiantes no universitarios, la Prestación Complementaria de vivienda (PCV) y la obtención de certificado de firma electrónica reconocida.
La Diputación de Bizkaia ha destacado en una nota que este sistema "asegura las condiciones de autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación de la información intercambiada".
El acuerdo con el Gobierno vasco tiene una vigencia de 4 años prorrogable por otros cuatro y no comporta contraprestaciones económicas para ninguna de las partes.
