El Consejo Económico y Social (CES) del País Vasco valoró ayer martes la conveniencia del anteproyecto de Ley de Salud Pública, pero pidió mayor precisión y distinguir entre pandemia, crisis y emergencia sanitaria. El CES considera que esta ley es “muy oportuna y necesaria” para abordar la salud pública en “toda su extensión”, no solo en el ámbito sanitario como recoge la ley vigente desde 1997, e implicar a otras áreas del Gobierno vasco y a otras instituciones.
El órgano social consultivo insta a una mayor precisión en algunos aspectos para “preservar los derechos individuales, garantizar la participación ciudadana y definir la configuración del entramado organizativo”.
Para el CES, el anteproyecto está “muy influenciado” por la actual pandemiay por “la voluntad de incorporar herramientas que faciliten la gestión de emergencias sanitarias” y reclama “claridad y precisión sobre las diferencias entre emergencia, pandemia o crisis sanitaria, y el alcance de cada una de las situaciones que contempla, así como del órgano responsable para su determinación”.
En relación con la limitación de derechos por las autoridades sanitarias, apunta que es “un terreno particularmente sensible, que requiere del máximo rigor y claridad, y sobre el que sería conveniente efectuar, en la medida de lo posible, una catalogación”.
También pide una formulación más precisa sobre las competencias y funciones de todo el entramado de la gobernanza del Sistema Público de Salud, mayor precisión sobre las circunstancias y modalidades de colaboración prevista para entidades privadas y mayor clarificación sobre las vías de participación ciudadana en las actuaciones de salud pública, así como la integración transversal en todo el cuerpo legal de la perspectiva de género.
Salvaguardar la salud
El anteproyecto incorpora a la normativa vasca la evolución y progresos habidos en los conceptos y praxis de la salud, y tiene por objeto, fundamentalmente, “salvaguardar y potenciar el mayor nivel posible de la salud de la población vasca como bien público de máximo interés, garantizando los derechos de las personas en materia de salud, la igualdad de oportunidades y la equidad”.
Como elemento clave, incorpora la perspectiva de la Salud en todas las políticas y acciones públicas, con su correspondiente definición y ordenación, con el fin de crear “un sistema de salud público de carácter integral, en el que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible”. El CES apunta que la vigente Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi constituye el marco jurídico que ha propiciado la regulación de las actividades que permiten hacer efectivo en Euskadi el derecho a la protección de la salud, garantizando la adopción de medidas preventivas, de promoción de la salud y la provisión de prestaciones sanitarias, a través de las estructuras y recursos que configuran el sistema sanitario.
“El sistema sanitario público y universal que se ha ido construyendo y las políticas públicas desarrolladas han permitido disponer de un sistema de calidad para abordar las necesidades y expectativas”, señala.
