El presunto padre biológico de la joven que denunció que fue intercambiada al nacer con otro bebé en el Hospital San Millán de Logroño en 2002 descarta acudir a la vía penal, aunque, a la espera de conocer los resultados de la prueba de ADN, realizada en noviembre de 2020, podría estudiar otras posibles acciones legales.

Estas afirmaciones las ha realizado este jueves a Efe la abogada de este hombre, Alicia Redondo, quien también representa a la niña intercambiada que se ha criado con esta familia, en la que la madre falleció unos meses antes de que su esposo conociera esta situación, a principios de 2019, a través de la Fiscalía Superior de La Rioja.

"Cuando conozcamos los resultados del ADN serán mis clientes los que tomen decisiones, pero hablamos de un daño continuado que no se puede cuantificar en una cifra", ha considerado la abogada, quien ha descartado la vía penal porque la consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba, ya ha admitido que fue un error humano, sin que se pueda determinar quién lo hizo, y "no creemos que tenga sentido seguir por esa vía".

Ha insistido en que "hay que esperar al ADN para ver qué pasó, que es lo que quieren mis clientes, y luego ver si hay que depurar responsabilidades".

Las dos niñas nacieron en 2002, con cinco horas de diferencia, en el Hospital San Millán, que ya no existe, necesitaron incubadora y, después, cada una de ellas fue entregada a los padres de la otra.

En 2017, la abuela de una de las niñas, que la tenía en acogida y en funciones de tutela, interpuso una demanda de alimentos contra el padre de su nieta, a la que éste se opuso al decir que no era su hija, tras lo que el Juzgado pidió unas pruebas de ADN, que constaron que este hombre no era su progenitor biológico.

También se determinó que la madre de esta niña tampoco lo era biológicamente, por lo que solicitó conocer quiénes eran sus padres biológicos, lo que dio origen a una investigación, que está pendiente de saber el resultado de la prueba de ADN realizada al padre de la otra joven.

Redondo ha detallado que su cliente sufrió un "shock" cuando conoció esta situación, en 2019, y, tras dos años, "todavía está en una situación complicada porque hay un trasfondo físico y mental detrás" y porque todavía espera los resultados de la prueba de ADN, que fue remitida hace diez meses al Instituto Nacional de Toxicología.

"Quizás, no se debería haber demorado tanto -conocer el resultado de la prueba-, son demasiados meses de espera en un caso de esta índole", ha subrayado.

"Lo que él quiere -su cliente- es el máximo respeto y privacidad para las dos familias", ha dicho, porque "hablamos de dos jovencitas de 19 años, con todo lo que conlleva, y por eso es importante que se respete la privacidad".

Ha asegurado que, en cualquier caso, "ningún resultado del ADN va a descolocar" a su cliente en lo que se refiere a la relación que pueda tener en el futuro con la joven a la que ha criado como una hija biológica y con la otra, en el supuesto de que se determine que lo es.

Redondo ha señalado que su cliente "no está interesado en realizar ninguna declaración a los medios de comunicación por el momento", aunque ha incidido en que "pide el máximo respeto para ambas familias, que están viviendo un auténtico calvario".

Por otra parte, la joven que ha iniciado el proceso para conocer la identidad de sus padres biológicos, ha pedido a la administración sanitaria riojana más de tres millones de euros por "una responsabilidad patrimonial por daños morales", según dijo a Efe, el pasado día 7, su abogado, José Sáez Morga.